Las negociaciones con el ELN son uno de los puntos más importantes en la agenda del nuevo gobierno nacional, en cabeza del presidente, Gustavo Petro, se busca un espacio de diálogos con los actores armados al margen de la ley para alcanzar la denominada ‘Paz total’, propuesta en los últimos meses.
Frente al posible escenario que lleve a la guerrilla del ELN a entablar una mesa de diálogo en la que se busque llegar a un acuerdo de paz, cada vez se materializa más. Los trabajos en los entes nacionales se encuentran trabajando para que efectivamente se logre llegar a establecer los lugares en que se trabajaría para las eventuales negociaciones para llegar a la paz.
Con esto, se piensa en retomar los esfuerzos que desde el gobierno de Juan Manuel Santos se trabajó para llegar a la búsqueda de un acuerdo de paz con esa guerrilla, por tanto, funcionarios nacionales actuales y de varios países del mundo han comunicado el apoyo para que se inicie con las negociaciones de paz.
Recientemente el presidente, Gustavo Petro se pronunció frente a los diálogos de paz que tendrán lugar posiblemente en los próximos meses, entre lo expuesto, se ha anunciado por el primer mandatario que ya conoce las personas que serán negociadoras por parte del ELN.
“Ellos tienen su lista de negociadores, la conozco, pero no se si se ha hecho pública en Colombia. Nosotros tenemos que hacer el otro esfuerzo, el de la contraparte en la mesa de negociación, aún no se ha definido el sitio que tiene que hacerse de manera común, es decir, el proceso de paz comienza ya”.
La ley 418, llamada también como ley de orden público o proyecto de ‘Paz Total’, fue aprobada por conciliación en el Congreso de la República. Este logró 128 votos a favor en la Cámara de Representantes y 63 en el Senado. Así las cosas, ahora será enviada a Gustavo Petro para sanción presidencial.
Con esto, se confirma que se reanudan los diálogos con grupos armados al margen de la ley, principalmente el ELN. También representa una luz verde para quienes quieran cambiar el servicio militar obligatorio por un servicio social para la paz que no implique el porte de armas, algo por lo que miles de colombianos ejercen su derecho a la objeción de conciencia.
