El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada publicó este miércoles un informe sobre su reciente visita a Colombia (del 21 de noviembre al 5 de diciembre de 2024), en el que emitió diversas recomendaciones para que el país intente erradicar un fenómeno que "no terminó con los acuerdos de paz de 2016".
Las desapariciones "siguen ocurriendo a diario, tanto en el contexto de los conflictos armados como fuera de ellos", señaló el informe de más de 50 páginas elaborado por la comisión, cuya labor es velar por el cumplimiento por los Estados parte (Colombia entre ellos) de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Actualmente las desapariciones forzadas en Colombia se producen especialmente en regiones bajo el control de grupos armados no estatales y bandas de crimen organizado, aunque en ocasiones con posible apoyo o aquiescencia de autoridades estatales, indicó el informe.
El documento expresa especial preocupación por las desapariciones que pueden ser reclutamientos forzados de niños y adolescentes por grupos armados, incluso a las puertas de las escuelas.
"La desaparición forzada se utiliza como método de terror para controlar territorios", indica el informe, que denuncia también desapariciones forzadas durante operaciones militares de contrainsurgencia o para eliminar a supuestos "enemigos" internos, entre ellos defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y personas LBTIQ+.
Departamentos como el Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander se cuentan entre los más afectados por las desapariciones forzadas, indica el informe del comité.
Trata de personas y migración
El documento señala asimismo un preocupante crecimiento de las desapariciones vinculadas a la trata de personas, que afecta especialmente a mujeres y niños.
Otra fuente de preocupación para el comité la constituyen las desapariciones en el contexto migratorio, con tres zonas especialmente afectadas: el Tapón del Darién, Norte de Santander (en las fronteras con Panamá y Venezuela, respectivamente) y el puerto de salida de San Andrés.
Para hacer frente a estos fenómenos, el informe del comité instó a Colombia a reforzar sus mecanismos de búsqueda, investigación y procesamiento, haciendo hincapié en que "las autoridades tienen el deber de actuar inmediatamente" una vez conocida una desaparición, haya o no denuncia formal.
Para las desapariciones en contextos migratorios, se aconseja a Colombia una mayor coordinación con los países vecinos, mientras que a nivel general se insta a garantizar que todas las víctimas y sus familias sean reconocidas como tales y puedan acceder a la totalidad de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Confusión en los datos
El comité lamentó por otro lado la falta de datos confiables sobre la dimensión de la desaparición forzada en el país, dado que las distintas instituciones manejan cifras diferentes, que llegan a oscilar entre los 121.000 y los 210.000 desaparecidos para el periodo 1958-2016.
El documento destaca también "la insuficiente distinción entre los casos cometidos por particulares y los que implican a agentes del Estado impide determinar y visibilizar con claridad la amplitud del fenómeno, y diluye la responsabilidad del Estado".
El comité de Naciones Unidas aconseja por otro lado a Colombia evitar las duplicaciones de funciones entre los distintos órganos que combaten las desapariciones forzadas.
Es preferible, propone, aunar los esfuerzos de instituciones como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas Desaparecidas (GRUBE) o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
