Luego de que el expresidente Álvaro Uribe fuera declarado culpable por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, los ojos de la opinión pública, en especial de sus seguidores, se posaron sobre la jueza responsable del juicio. La jueza Sandra Liliana Heredia, quien podría ser la encargada de emitir el veredicto final que determine si Uribe irá o no a prisión, se ha convertido en blanco de ataques, rechazo y discursos de odio por parte de sectores que respaldan al exmandatario.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de Género y No Discriminación de la Rama Judicial se pronunció mediante un comunicado oficial en el que rechaza de manera categórica las intimidaciones, señalamientos y actos de estigmatización contra la jueza Heredia. La Comisión manifestó su firme respaldo a la autonomía e independencia judicial, pilares fundamentales del Estado de Derecho, y advirtió sobre los riesgos de presionar o deslegitimar a quienes imparten justicia.
El comunicado resalta que el respeto a las decisiones judiciales es un deber ciudadano, y que toda crítica debe darse dentro de los márgenes legales y democráticos, nunca a través del acoso, la amenaza o el desprestigio. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de la jueza y proteger su rol frente a presiones externas.
Este comunicado se presenta ante las acusaciones y amenazas presentadas en redes sociales contra la jueza a quien han referido como: petrista, izquirdista, por otro lado otro usuario se refirió a la jueza indicando que la jueza y su familia “ingresarían inmediatamente a la Lista Clinton” luego de condenar a Uribe.
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Ante esto el comunicado también enfatiza el riesgo diferenciado que enfrentan las mujeres dentro del poder judicial señalando casos como el de e la jueza Heredia, aclarando que el desprestigio y el acoso no solo buscan interferir con su función judicial, sino que también se agravan por razones de género, al dirigirse contra una mujer que ejerce autoridad en un ámbito históricamente dominado por hombres.
La Comisión advierte que las juezas están especialmente expuestas a ataques que deslegitiman su labor y vulneran su dignidad, y por ello llama a reconocer y proteger su ejercicio profesional en condiciones de respeto e igualdad.
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Este es un llamado de atención a aquellos sectores de la comunidad que se identifican con posturas políticas extremas, cuyas acciones, al oponerse a decisiones contrarias a su ideología, pueden derivar en actos de violencia y poner en riesgo la vida de una funcionaria judicial.
