El coronavirus ha puesto en jaque al mundo. Desde el primer caso, el sector salud ha estado a la vanguardia de la situación para atender a cada paciente con síntomas de COVID-19 y controlar su propagación en cada país.
Así como en algunas naciones, los médicos han contado con todos los implementos de bioseguridad y protección, hay otros donde este ámbito es precario.
En ciertas regiones de Colombia, como en La Guajira, los médicos exigen el pago de su sueldo, ya que hay retrasos de hasta 25 meses.
En otros puntos del país, incluso en Bogotá, miembros del sector han denunciado, en algunos casos, que no cuentan con la protección debida para atender los casos. Además, también reclaman una vinculación laboral y no por prestación de servicios.
Estos hechos han puesto sobre la mesa un posible paro en el país por parte del sector. Una iniciativa que ha tomado fuerza tras el fallecimiento de los médicos Carlos Nieto y William Gutiérrez por coronavirus.
KienyKe.com consultó a diferentes especialistas para analizar, desde el punto de vista jurídico, social y laboral, las justificaciones de un posible paro en plena emergencia.
El exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra afirmó que "hay que darles las condiciones mínimas de seguridad para asumir el riesgo con las menores probabilidades que se convierta en una realidad".
Beltrán, quien también fue presidente de la Corte Constitucional en el año 2001, contó que "no existiría violación de la Constitución si se suspende la actividad laboral de los servidores de la salud como médicos, enfermeras y auxiliares, a quienes el empleador no suministre los elementos necesarios para protegerse razonablemente del riesgo".
"Pues, en tal caso, la suspensión de labores no puede desconocer esos derechos fundamentales y sería imputable. No a los trabajadores de la salud sino a sus empleadores públicos o privados", agregó.
Iván Daniel Jaramillo Jassir, del Observatorio Laboral Universidad del Rosario, aceptó el derecho que tienen los médicos y enfermeras para realizar el paro, ya que "como derecho fundamental que emana de la libertad sindical no restringe el ejercicio de derechos constitucionales", señaló a este medio.
Para este caso, "se trataría de una huelga imputable al empleador, en la que las restricciones del ejercicio del cese colectivo en servicios públicos esenciales deben modularse para privilegiar la efectividad de derechos sociales que constituye el fin último de esta medida de presión colectiva", agregó.
De acuerdo al experto en derecho laboral, la manifestación se podría presentar por sectores y no generalizada.
Por su parte, Mauricio Jaramillo, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, se refirió a las pruebas que ha anunciado el Ministerio de Salud.
"Debería haber más transparencia, ya que el gobierno ha sido muy dubitativo en cuanto a publicar el número de pruebas y picos que se han alcanzado".
Añadió que las variaciones en los casos deberían ser explicados por parte del Gobierno Nacional, debido a que los casos que se reportaron los dos últimos días fueron menores a los de los dos o tres días atrás.
"Hay inconsistencias en cuanto al pico que se ha alcanzado y una falta de información coherente que entorpece la buena gestión durante la crisis".
El segundo lunar que expuso Jaramillo consiste en la falta de articulación entre los gobiernos departamentales, municipales y Gobierno Nacional.
"Algunos mandatarios municipales y departamentales le adjudican a Duque muchas veces la responsabilidad, pero ellos también la tienen en la medida que han adelantado algunas iniciativas sin consultar al gobierno", puntualizó.
Cabe recordar que entre 1995 y 1997 hubo anuncios de paro nacional justificados en la nivelación salarial, el financiamiento del déficit de los hospitales del sector público y la estabilidad laboral.
