La administración en Antioquia atraviesa un momento crítico, marcado por decisiones que no solo generan dudas, sino que parecen desconectadas de las necesidades reales de los antioqueños. Entre el Gobernador Andrés Julián Rendón y una buena parte de los miembros de la Asamblea Departamental le dieron el mejor regalo de navidad posible a los antioqueños: subir los costos de los servicios públicos.
Mediante la Ordenanza No. 59 de 2024, aprobada el miércoles 4 de diciembre por catorce diputados liberales, conservadores y del Centro Democrático, decidieron que lo que la ciudadanía necesita para estas épocas decembrinas es pagar una factura de servicios públicos más cara, por cuenta de una disputa política que tiene el Gobernador con el Gobierno Nacional.
Rendón insiste en que nada de lo que hace el Gobierno es suficiente, aun cuando se tiene presupuestado que para el 2025 se destinarán desde la Nación 6.56 billones de pesos para el departamento, el segundo ente territorial con mayor asignación presupuestal y enfocada en lo que sí necesita el departamento, que son mejores vías, la reparación a las víctimas del conflicto, la gratuidad de la educación superior, entre otras problemáticas sociales que deben ser resueltas en el departamento.
El tema no es de recursos, es de un Gobernador que está sustentando sus aspiraciones políticas en la idea de que el Gobierno Nacional está de alguna manera enemistado con Antioquia; se le olvida al Gobernador que lo que se tiene es un Gobierno que se preocupa por los excluidos del departamento como nunca ningún otro gobierno nacional o departamental lo había hecho. No es de gratis que, por ejemplo, Antioquia sea la cabeza de punta de la reforma agraria siendo el departamento en el que más entregas de tierra a campesinos ha hecho la Agencia Nacional de Tierras.
El Gobernador Rendón puede tener sus disputas ideológicas con el Gobierno Nacional, eso hace parte de vivir en democracia. Lo que es inaceptable es que en el marco de dichas disputas, pensando más como candidato que como gobernante, quienes paguen los platos rotos sean los ciudadanos, a los cuales se les va a encarecer el costo de vida, y el sector productivo del departamento a los cuales se les van a aumentar los costos de producción.
Resulta inconcebible que se proponga una medida de este calibre cuando los diputados de la Asamblea ya aprobaron el presupuesto de 2025, incluyendo los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad, es decir si los fondos ya están previstos, ¿por qué cargar este peso adicional sobre los hogares y las empresas? Lo que se presenta como una solución para reforzar la seguridad no solo carece de sentido lógico, sino que además vulnera el principio de legalidad tributaria.
Ahora, lo más grave es la actitud de los diputados, quienes, con pleno conocimiento de las consecuencias económicas para las familias, estuvieron dispuestos a respaldar una iniciativa que contradice los mismos marcos legales que deben proteger. Si bien diputados como Walter Salas o Manuel García se dieron la pelea con todos los argumentos técnicos y legales para que no se aprobara la Ordenanza, pudo más la aplanadora de la Gobernación.
Es tan inaceptable la propuesta que los diputados de Creemos recibieron la orden directa de Fico de no apoyar la ordenanza, e incluso Álvaro Uribe se pronunció en contra de la propuesta. Gobernador, ni siquiera desde su sector político lo respaldan, ¿por qué insiste entonces en afectar los bolsillos de las personas y empresas del departamento?
El Gobernador propone además que el recaudo de la sobretasa sea hecho por la empresa de sociedad mixta Valor Más, una filial del IDEA. Esto, ante una posible negativa de EPM de recolectar este costo adicional para la ciudadanía. Se nota que Rendón desconoce su propia propuesta, pues la Ordenanza establece en el Artículo 8 que la responsabilidad para la facturación y recaudo de la sobretasa recaerá las comercializadoras, distribuidoras y/o prestadoras del servicio público domiciliario de energías.
Valor Más no entra en ninguna de estas categorías, es una empresa de sociedad mixta que no juega ningún rol dentro de la cadena del servicio público de energía eléctrica. ¿Será desconocimiento o intenciones ocultas? Valor Más es una filial del IDEA, el cual tiene en su junta directiva a representantes de las empresas Tuya y Rentek. La primera es una empresa del Grupo Bancolombia y Almacenes Éxito. Andrés Julián quedó con una deuda de mil quinientos millones con Bancolombia por financiación de campaña. Si se logra que Valor Más haga el recaudo de la sobre tasa, con la que se espera recoger 1.2 billones de pesos, cuánto de este dinero entrará a la empresa, al IDEA y sus accionistas como TUYA. ¿Estará utilizando la sobre tasa para pagar sus deudas de campaña?
En la junta directiva de Valor Más se encuentra también Alfredo Ramos Maya, a quien Rendón designó como gerente de la “vaca por Antioquia”. Como no les funcionó la Vaca, ¿están buscando los recursos por Valor Más?
Lo que sucede en Antioquia no es solo preocupante, es indignante. Las decisiones recientes no solo afectan los bolsillos de los ciudadanos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones, gobernar no puede ser un ejercicio de poder desenfrenado ni una oportunidad para el derroche, sino un compromiso con el bienestar de la comunidad y la legalidad.
