Concluida la tercera legislatura del primer gobierno de orientación progresista y democrático en Colombia, es necesario abrir el espacio para una reflexión política que vaya más allá de los titulares y las cifras. Esta es una oportunidad para reconocer el esfuerzo sostenido frente a un entorno adverso, dominado por la desinformación, la polarización y los intentos sistemáticos de bloqueo institucional. También es la ocasión para visibilizar los logros, asumir con claridad los retos aún pendientes y, sobre todo, reafirmar nuestro compromiso con una transformación profunda y democrática del país.
Esta legislatura no fue sencilla. Estuvo marcada por una creciente tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que venía in crescendo desde la ruptura de primer gabinete ministerial. Esta confrontación de fondo implica un enfrentamiento entre el proyecto del cambio que busca la justicia social para los colombianos versus el mantenimiento del statu quo se rehúsa a ceder sus privilegios. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsó, conforme a su compromiso, una agenda de reformas sociales orientadas a dignificar la vida de millones de colombianos y colombianas, el Congreso -particularmente desde sectores de la oposición- optó por la estrategia del bloqueo como su principal carta política.
Ante ese cerco institucional, el Ejecutivo, en conjunto con la bancada de gobierno y el respaldo de organizaciones sociales, decidió que retroceder no era una opción. Al contrario, se abrieron caminos que fueron desde la promoción de la organización y movilización social, como el incentivo al uso de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución de 1991, que han sido durante mucho tiempo ignorados.
En la pasada legislatura, la tensión alcanzó su punto más álgido en el segundo semestre de 2024, cuando el Congreso archivó la ley de financiamiento indispensable para sostener el presupuesto de la nación en 2025, generando una crisis fiscal innecesaria y peligrosa. Más grave aún fue el hundimiento irregular de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima del Senado: un hecho que no solo vulneró procedimientos legislativos, sino que dejó al descubierto una realidad innegable que es la existencia de un bloqueo institucional sistemático contra la agenda del cambio, impulsado y respaldado por sectores empresariales y gremiales que siguen moviendo los hilos de la política nacional.
Frente a este panorama, el presidente Petro decidió actuar con herramientas democráticas. Propuso convocar al pueblo a una consulta popular para decidir el destino de la Reforma Laboral. Sin embargo, el Senado volvió a cerrar la puerta, también de manera irregular. Este nuevo golpe no fue simplemente una negativa técnica: fue una negación política del derecho ciudadano a decidir sobre su propio destino.
Lejos de renunciar ante la obstrucción, la bancada del Pacto Histórico reafirmó su convicción: una democracia viva no se limita al voto cada cuatro años, sino que exige una ciudadanía organizada, activa y participativa. El Congreso no puede seguir siendo una lugar vedado que detenga las transformaciones que el pueblo ha exigido en las calles y en las urnas.
Estos hechos han puesto sobre la mesa un debate profundo sobre el sentido mismo de la democracia en Colombia. ¿Es legítimo un Congreso que se desconecta de las mayorías y se atrinchera en intereses corporativos y de élites políticas? ¿Es democrática una institucionalidad que no permite siquiera que el pueblo participe directamente en decisiones trascendentales?
Lo cierto es que, a pesar de las maniobras de quienes se oponen al cambio, esta legislatura cerró con logros que no pueden ser invisibilizados. La aprobación de la Reforma Laboral en la Cámara de Representantes fue fruto de un proceso de construcción colectiva, impulsado con fuerza desde el bloque progresista. También se corrigió el vicio de procedimiento señalado por la Corte Constitucional en la Reforma Pensional, aun cuando el poder judicial se encuentra moviendo hilos para impedir su pronto avance hacia la sanción presidencial.
Además, proyectos como la Reforma a la Salud, el de financiación de la educación superior, la Jurisdicción Agraria y Rural, entre otros, siguen en trámite y tienen altas posibilidades de convertirse en ley en la próxima legislatura. Desde el Congreso también se lograron avances relevantes, como la conmemoración de las víctimas de la UP, la prohibición de las corridas de toros, la creación de la Comisión Legal de Paz, la Canasta Básica Cultural, la reforma a la Ley de Víctimas, la eliminación del matrimonio infantil, entre otros hitos que marcaron una agenda de derechos y justicia social.
Entramos ahora en la recta final del gobierno del cambio, y también en la última legislatura de esta bancada. Un periodo que probablemente estará marcado por el calendario electoral y donde el margen para tramitar reformas estructurales será limitado. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental mantener la firmeza en las calles, en las organizaciones, en los territorios. Y también en el Congreso, donde seguiremos insistiendo -desde nuestra curul- en proyectos clave como la financiación de la educación, la Ley Integral Trans, la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y la democratización de los mecanismos de participación ciudadana.
El preludio de este inicio de legislatura se marca por asuntos importantes como las actividades en solidaridad y respaldo al pueblo palestino, lo cual contribuye a reforzar el compromiso con las causas humanitarias que ha destacado este gobierno. Adicionalmente, desarrollaremos la Convención Nacional del Pacto Histórico cuyos objetivos incluyen el lanzamiento de la campaña nacional de afiliación, el anuncio de la reglamentación y cronograma de consulta popular y el fortalecimiento del compromiso con la movilización social.
De cara a lo que viene, uno de nuestros principales desafíos es político y organizativo: consolidar el Pacto Histórico como proyecto común, más allá de las coyunturas y diferencias internas. La unidad no es un discurso, es una estrategia para defender lo que hemos construido durante décadas de lucha y para seguir avanzando en consolidar el cambio que continua avanzando. Solo con una organización sólida, territorial, diversa y popular, podremos hacer frente a los intentos de restauración autoritaria y neoliberal que ya asoman en el horizonte de 2026.
Es urgente fortalecer la estructura del Pacto en todos los territorios, disputar la narrativa del cambio, activar las bases sociales y preparar desde ya la contienda electoral que definirá el futuro del país. No basta con defender lo logrado: hay que ampliarlo. Para ello, debemos trabajar por una bancada parlamentaria más robusta, comprometida con las clases trabajadoras y populares, y preparada para profundizar las reformas que la oposición nos impidió aprobar en estos cuatro años.
Agradecemos el respaldo de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano a nuestra aspiración de continuar representando a las mayorías desde la Cámara de Representantes. Sabemos que la tarea que viene no es menor. Pero también sabemos que la esperanza sigue viva, sembrada en el corazón de millones que creen que otro país es posible. Y lo es.
Porque hoy más que nunca, reafirmamos que el pueblo manda.
