Al Jazeera venía informando de la Cumbre del Grupo de La Haya desde hace un par de semanas, principalmente desde que Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas, presentó el informe “From economy of occupation to economy of genocide” (Subtitulado: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967), el cual le valió de la Secretaria de Estado, de los Estados Unidos, un paquete de sanciones que contempla, entre otras, la revocación de su visado.
Este Grupo de La Haya ha propuesto pasar de las palabras a los hechos buscando la suspensión de venta de armas a Israel, la prohibición del atraque de buques con fines militares y la persecución judicial contra Bibi Netanyahu.
Medidas que tienen de fondo ocultar la masacre del 07 de octubre de 2023 cometida por Hamas y promover una serie de disposiciones orientadas a coartar el legítimo derecho que tiene Israel, como cualquier Estado, a defenderse de un ataque terrorista en el marco de una guerra que transcurre en varios frentes geopolíticos.
De hecho, los promotores de esta cumbre saben, de sobra, que hace 649 días, Israel viene defendiéndose en una conflagración que sostiene contra una red de grupos terroristas que, promovidos desde Irán, conecta a los Houtis, Hezbollah y Hamas.
El saldo que dejó el brutal ataque terrorista, ejecutado por Hamas, fue 1.200 muertos aproximadamente, entre ellos 36 niños, más de 250 secuestrados y un dato no oficial de mujeres abusadas sexualmente por los terroristas. Conociendo ello, Suráfrica y Colombia quieren prohibirle a Israel que pueda defenderse de una amenaza existencial y, por esa vía, que lo borren del mapa tal como lo hicieron los nazis el siglo pasado.
Ahora, el gobierno de Cyril Ramaphosa, que no ha condenado la brutal invasión rusa a Ucrania, ha sido acusado de ser estratégicamente pasivo frente al caso de Julius Malema, líder del partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF) de Sudáfrica, quien cantando "Kill the Boer" ("Matar al granjero") promueve explícitamente el racismo contra la población blanca surafricana, tal como lo mostró Trump en la reciente visita de Ramaphosa a la Casa Blanca.
Así y todo, el presidente surafricano se atreve a presionar la detención de Netanyahu cuando el mismo Ramaphosa ha dicho que Vladimir Putin no sería detenido en territorio surafricano por cuenta de una orden internacional de captura emitida, el 17 de marzo de 2023, en contra del dictador ruso ¿No es esto la mejor prueba de hipocresía, doble moral y servilismo?
Por su parte, la Administración por Sobresaltos ha sido totalmente reacia a condenar el ataque terrorista del 07 de octubre dándole, con ello, la razón a la oposición colombiana que ve una extraña y peligrosa sintonía de ese gobierno con grupos abiertamente criminales y terroristas. Esta administración tampoco se atrevería, por ejemplo, a presionar para que Maduro fuera detenido, si tuviera una sentencia, de la Corte Penal Internacional, en su contra. Al parecer, Petro considera los crímenes contra la humanidad, cometidos por el chavismo, como una invención de lo que él llama “periodismo Mossad”.
¿Creen que persiguiendo frenéticamente a Netanyahu y siendo dóciles y serviles con Maduro y Putin, Petro y Ramaphosa podrán paralizar militarmente a Israel en su legítimo derecho a la defensa? Resulta poco probable. En cambio, si puede ser probable que detrás de esta operación propagandística y globalmente orquestada, a nombre del pueblo palestino, estén los verdaderos portadores de un profundo e innegable antisemitismo.
