La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) con el fin de establecer si se incurrió en un presunto abuso de su posición en el mercado.
La entidad también formuló cargos a ocho personas naturales que estaban vinculadas a Sayco, se determinará si habrían participado en la autorización y ejecución del abuso en la posición de dominio que presuntamente manejaba la compañía en el mercado de la gestión de derechos de autor.
Entre las personas investigadas está el gerente general Cesar Augusto Ahumada Avendaño, y empleados que forman parte Sayco como Elisa de la Cruz Ariño, Antonio José Hernández Aguirre, Rita Lucía Fernández Padilla, Gyentino Hiparco Peña Ospitia, Alberto Morales Betancourt, Rafael Manjarrés Mendoza y Ricardo Antonio Gómez Guzmán.
La investigación comenzó luego de que la Superindustria recibiera dos quejas en las que se reportaron los presuntos comportamientos de abuso por la posición dominante en el mercado de gestión de derechos de autor, según la SIC, se incurre en conductas anticompetitivas.
En uno de los comportamientos “habría subordinado la gestión patrimonial de algunas formas de comunicación al público de obras musicales a la entrega total o ‘en paquete' de todas las formas de comunicación”. Con lo que el ente vigilante destacó que las formas de comunicación pública son independientes entre sí y en este caso se evidenció en los contratos de adhesión prediseñados por estos.
Otra de las conductas que es investigada es porque Sayco habría obstruido el acceso a titulares de derechos de autor y terceros a otras formas de gestión distintas a la colectiva, con lo que, se habrían implementado procedimientos que impedirían la libre gestión de los titulares de derechos de autor sobre las comunicaciones al público de sus obras.
Además, la Superintendencia resalta que Sayco habría obstruido el acceso al mercado de nuevos competidores que adelantan formas de gestión distintas.
En el caso que se determine la culpabilidad de la compañía, se podrán imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos por cada infracción al régimen de libre competencia a los agentes del mercado. De igual manera, para quienes habrían colaborado y facilitado estas conductas se les impondrán multas con sumas de hasta 2.000 salarios mínimos legales.
