La Presidencia de la República emitió una directiva que pretende aumentar los controles para evitar casos irregulares de contratación pública. Lo anterior por el escándalo generado luego de que se conociera que la esposa del exasesor político de María Paula Correa, jefa de gabinete, tuvo contratos por más de $1.200 millones con el Estado en el tiempo que su esposo fue funcionario.
La directiva tiene siete puntos y obliga a que antes de suscribir cualquier contrato de prestación de servicios o de apoyo con entidades del Estado, estas deberán verificar si ya tiene otro contrato similar. Dicho trámite tendrá que ser realizado a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- y el Portal Anticorrupción de Colombia -PACO-.
"Lo anterior con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión", reza el documento.
Además, reitera la obligación de las entidades nacionales y territoriales de garantizar el registro en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público de la totalidad de los contratistas a vincularse y la plenitud de la información solicitada en los mismos, en cumplimiento de la normatividad vigente.
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También establece que las entidades estatales indistintamente de su régimen contractual están obligadas a publicar en el SECOP la información oficial de la contratación que realicen con recursos públicos, tal como lo establece la normatividad vigente. De otro lado, las entidades estatales -incluidas las que se rigen por el derecho privado en materia contractual- , al ser sujetos obligados a garantizar el derecho de acceso a la información y a los documentos públicos, de acuerdo con la normatividad vigente, deben publicar en el SECOP los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, relacionados con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión .
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- , le enviará semestralmente a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP la información que conste en el SECOP I y SECOP II, relacionada con los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, para el periodo respectivo, con el fin de que la UGPP vele por el cumplimiento de las obligaciones parafiscales
"En desarrollo del principio de debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión , las entidades harán seguimiento continuo , consultando y analizando la información registrada y declarada en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles , incluyendo las modificaciones ocurridas durante el tiempo de ejecución , para identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión riesgos en la toma de decisiones", añade.
La directiva presidencial concluye con que el Departamento Administrativo de la Función Pública habilitará en un plazo de un mes en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público -SIGEP-, el reporte donde conste si el servidor público tiene familiares, hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con el Estado.
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Con estos nuevos lineamientos el gobierno nacional busca evitar nuevos escándalos en contratación como el de la pareja Marroquín Váquiro, en el que se adjudicaron 1.245 millones de pesos a la esposa del exasesor de Correa, desde enero del 2020, tres meses después de que su esposo llegara a la Presidencia, en contratos con más de quince entidades del Estado.
Váquiro firmó 24 contratos con el Estado. El primero; con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) por 88 millones de pesos, y en noviembre del 2021 firmó el más reciente que fue con la Aeronáutica Civil por 10 millones de pesos. De los 24 contratos de acreditó la economista, 22 fueron por contratación directa y dos por Contratación de Régimen Especial.
La esposa del exasesor, en su declaración inicial de bienes, rentas y registros de conflictos de interés diligenció no tener actividades de carácter privado y que no estaba casada. Mintió en las dos cosas. Por ello, ahora Presidencia pretende cerrar filas y mediante un proceso riguroso ponerle la lupa a los contratos que firman las diferentes entidades del Estado.
