La JEP ordenó medidas cautelares para resignificar la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur como espacios de memoria por su relación con la toma y retoma del Palacio de Justicia de noviembre de 1985. La decisión no se limita a intervenir tres puntos de Bogotá: también reconstruye el recorrido de varias víctimas fuera del Palacio y busca incorporar esos lugares al relato público sobre lo ocurrido.
La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz y responde a una solicitud presentada en 2023 por Helena Urán Bidegaín. Según explicó la jurisdicción, las medidas fueron definidas con participación de víctimas y están orientadas a proteger la verdad histórica, evitar la revictimización simbólica y avanzar en acciones de dignificación y memoria.
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Del Palacio a otros tres lugares clave
El punto de fondo de la decisión es que esos lugares no aparecen como escenarios marginales del caso, sino como parte de una misma secuencia. La Casa del Florero fue uno de los espacios a los que llegaron personas que salieron con vida del Palacio durante la retoma. Allí, según distintos informes y reconstrucciones del caso, varios sobrevivientes fueron retenidos, interrogados y separados bajo control de la fuerza pública.
El Cantón Norte, por su parte, quedó vinculado al expediente por los traslados posteriores de algunos de esos sobrevivientes. Durante años, familiares, testigos e investigaciones judiciales han señalado ese lugar como uno de los escenarios en los que se habrían producido detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones después de la salida del Palacio. Por eso, la JEP no solo lo incluye dentro de las medidas, sino que ordena resignificarlo de forma expresa como un lugar asociado a graves violaciones a los derechos humanos.
El Cementerio del Sur completa ese mapa. Su conexión con el caso está en el manejo de cuerpos tras los hechos de noviembre de 1985 y en las posteriores búsquedas forenses. La JEP señala que el área del actual Parque Zonal Villamayor debe ser intervenida simbólicamente para visibilizar que ese sector fue usado como fosa común en los años ochenta, un punto central en la disputa por la verdad de varias víctimas del Palacio de Justicia.
Las medidas y lo que viene
A partir de esa relación, la jurisdicción ordenó acciones concretas para cada sitio. En la Casa del Florero, dispuso consolidar y mantener de manera permanente la sala “6 y 7 de noviembre de 1985”, además de implementar recorridos guiados por los espacios del museo que fueron utilizados durante los hechos, con enfoque pedagógico y participación de las víctimas.
En el caso del Cantón Norte, la orden recae principalmente sobre el Ministerio de Defensa Nacional. La JEP dispuso la instalación de una placa conmemorativa, el diseño de murales visibles desde el espacio público, una exposición permanente en museos del Ejército y una cátedra obligatoria sobre derechos humanos y memoria histórica en escuelas de formación militar. A la Alcaldía Mayor de Bogotá también le ordenó formular un proyecto de resignificación del espacio público en los alrededores del cantón.
Para el entorno del Cementerio del Sur, la decisión contempla murales de memoria e instalaciones móviles en el Parque Zonal Villamayor, con el fin de recordar el uso de ese lugar como fosa común y hacerlo sin interferir con posibles labores de búsqueda humanitaria o interés forense.
Además de esas intervenciones, la JEP ordenó crear una mesa técnica interinstitucional para diseñar una Ruta de la Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia, que conecte estos tres lugares con el Palacio como eje central. Lo que sigue ahora es la formulación e implementación de esas medidas por parte de entidades nacionales y distritales, con participación de las víctimas, para que la memoria del caso no quede reducida al edificio donde comenzó todo, sino que incluya también los lugares donde sus consecuencias continuaron.
