La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos y estremecedores detalles sobre el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito de Fontibón.
Las autoridades aseguran que al menos 1.000 millones de pesos colombianos habrían sido destinados para ejecutar el crimen, y que detrás del ataque habría una compleja red criminal compuesta por al menos doce personas, incluidas dos mujeres.
La periodista Darcy Quinn, de La FM, fue quien dio a conocer inicialmente que el complot habría contado con una financiación millonaria, cifra que supera ampliamente los 20 millones de pesos que habrían sido ofrecidos al adolescente de 14 años que disparó contra el senador. “Entre 800 y 1.000 millones de pesos se habría pagado por atentar contra Miguel Uribe, y los implicados serían cerca de 12 personas”, afirmó Quinn en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Una red criminal detrás del atentado
Las investigaciones avanzan con rapidez. Según la Fiscalía, el ataque no fue un hecho aislado ni improvisado, sino parte de una operación cuidadosamente planeada que involucró recursos económicos considerables, logística vehicular, coordinación entre distintos actores y el uso de menores de edad para delinquir.
Uno de los elementos clave en la investigación fue la captura del joven sicario, quien recibió tres disparos por parte del esquema de seguridad de Uribe luego de disparar contra el senador. En su testimonio inicial, el menor habría dicho: “Déjenme levantar y darles los números”, lo que permitió a las autoridades identificar a varios implicados y realizar nuevas capturas.
Capturas clave y estructura criminal
Entre los detenidos se encuentra William González, conductor del segundo vehículo involucrado en el ataque: un Volkswagen azul oscuro. Este se sumó a un Chevrolet Spark gris ya incautado por las autoridades.
Otro de los capturados es Carlos Eduardo Mora González, colombo-venezolano de 27 años, quien condujo el vehículo desde donde partió el operativo criminal.
También fue detenida Katerine Martínez Martínez, alias Gabriela, de 19 años, quien entregó la pistola Glock modificada al menor y organizó su transporte hacia el lugar del atentado. Fue capturada en Florencia, Caquetá.
Además, se logró identificar a alias El Costeño, presunto cabecilla de la estructura sicarial, y se investiga la posible participación de un segundo tirador, cuyo paradero y arma siguen sin conocerse.
Motivación política y reacción del Gobierno
La Fiscalía ha manejado la hipótesis de que el atentado tuvo motivaciones políticas, aunque esta afirmación ha sido controversial. De hecho, el presidente Gustavo Petro se mostró inconforme con tal aseveración y habría expresado que “eso no se puede decir”, en un aparente intento de evitar que el caso escale como una amenaza directa a la institucionalidad democrática.
El Gobierno Nacional, por su parte, ha ofrecido una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que conduzca a los autores intelectuales del crimen. La investigación se amplía ahora hacia posibles vínculos transnacionales, especialmente con redes delictivas en Ecuador, lo que sugiere que el ataque podría estar relacionado con intereses más allá de las fronteras colombianas.
Impacto y estado de salud de Uribe
Miguel Uribe Turbay recibió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en una pierna. Fue atendido inicialmente en la Clínica Medicentro Familiar y posteriormente trasladado a la Fundación Santa Fe, donde fue intervenido quirúrgicamente por una hemorragia cerebral. A la fecha, permanece bajo cuidados intensivos, mientras miles de ciudadanos siguen pendientes de su evolución.
Frente a la clínica, se han erigido altares y se han realizado vigilias por su recuperación. La clase política, sin distinción de partidos, ha rechazado enérgicamente el ataque y ha exigido una investigación exhaustiva que llegue hasta las últimas consecuencias.
Este intento de asesinato contra un senador y precandidato presidencial ha generado una ola de preocupación por la seguridad de los líderes políticos en Colombia y el creciente poder de las estructuras criminales. El uso de menores, la financiación millonaria y la posible participación internacional elevan este caso a una dimensión sin precedentes en el escenario político nacional.
Mientras avanza el proceso judicial, el país espera respuestas claras sobre quiénes están detrás de este atentado y cuáles eran sus verdaderos objetivos. La democracia colombiana, una vez más, se enfrenta al desafío de la violencia como mecanismo para silenciar voces en el debate público.
