El aumento del salario mínimo del 23 % anunciado por el Gobierno Nacional tendrá un impacto directo sobre los sistemas de transporte público urbano en las ciudades capitales, con un incremento adicional superior a los $200 por pasaje, según alertó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
De acuerdo con el gremio, este efecto se explica porque los sistemas de transporte masivo y estratégico son altamente intensivos en mano de obra. Entre el 40 % y el 55 % de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, todos indexados al salario mínimo, lo que hace que cualquier incremento se traslade de forma automática a los costos de operación.
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“Un incremento del 23 % en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en la tarifa”, señaló Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.
El impacto, advirtió la asociación, no se limita a los grandes sistemas de transporte de las principales áreas metropolitanas. Las ciudades capitales intermedias enfrentan una afectación aún mayor, debido a que operan sistemas de menor escala, con menor respaldo financiero y mayores restricciones fiscales, lo que las hace más vulnerables frente a los choques de costos laborales.
Desagregado por ciudades
En Cali, el aumento del salario mínimo profundiza el déficit estructural del sistema MIO, en un contexto de baja demanda y altos costos fijos, obligando al municipio a destinar más recursos para sostener la operación. En Medellín, aunque el sistema presenta un mejor equilibrio financiero, el incremento impacta los costos de buses alimentadores, tranvía y personal operativo, lo que podría traducirse en mayores transferencias públicas o ajustes en la programación de inversiones.
En Bogotá, donde opera el sistema de transporte masivo más grande del país, el alza salarial incrementa la presión sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria y obliga al Distrito a ampliar su esfuerzo fiscal para garantizar la continuidad del servicio sin afectar a millones de usuarios diarios. En Cartagena, el impacto resulta proporcionalmente mayor por tratarse de un sistema de menor escala y con menor capacidad fiscal.
Asocapitales señaló que estos mayores costos laborales se suman a otras presiones como el aumento de los combustibles, el mantenimiento de la flota, las tasas de interés y las variaciones en la demanda, configurando un escenario de presión acumulada sobre las finanzas locales.
Aunque el gremio reconoció que el aumento del salario mínimo es una decisión socialmente necesaria, insistió en que sus efectos fiscales y operativos deben abordarse de manera integral. En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en una respuesta coordinada que garantice reglas claras de corresponsabilidad y esquemas de cofinanciación sostenibles para el transporte público urbano.
