Ante la polémica por el proyecto de Ley Anticorrupción impulsado por el representante a la Cámara Cesar Lorduy, se han pronunciado varios sectores. Pues allí aparece un artículo que busca censurar a las personas y a los medios de comunicación que denuncien a funcionarios públicos del país.
El proyecto de ley ha hecho que se articulen denuncias por el artículo 221 que establece “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, en el que se establecen penas en “prisión de sesenta a ciento veinte meses y multas de trece punto treinta y tres a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
El artículo también contempla la cancelación de la personería jurídica de las instituciones, desde donde proviene la crítica que sea considerada como injuria y calumnia.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una entidad que se dedica a la promoción de la libertad de prensa en América y se pronunció al respecto.
La SIP considera el artículo como un ataque directo a la libertad de prensa y desde la organización se pide la eliminación del proyecto que llegaría a presentar hechos de censura en los medios de comunicación si se refieren a algún funcionario público.
El presidente de la SIP Jorge Canahuati, dijo que la institución luchó para "erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa". De igual manera, Canahuati se refiere a la ley como un instrumento para callar medios y periodistas.
Desde este proyecto de ley se vería afectado de trabajo periodístico, la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que la ley privilegia a funcionarios por encima de los derechos de los ciudadanos. La SIP ha realizado varios trabajos para velar por la libertad de prensa, los países que mantienen este tipo de restricciones vigentes son Cuba y Venezuela quienes protegen a funcionarios de los medios y la crítica.
Este proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Primera y ya pasó a segundo debate. La SIP comunicó que espera la negación del proyecto en el Congreso, y con esto se eliminen las protecciones especiales que quieren obtener algunos funcionario públicos.
Este es el comunicado completo de Sociedad Interamericana de Prensa rechazando el Proyecto de Ley:
La SIP rechaza proyecto de ley en Colombia que protege y privilegia a funcionarios
Miami (4 de diciembre de 2021) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró un ataque a la libertad de prensa un proyecto de ley en Colombia que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos. La organización pidió su eliminación, por considerar que representa un "peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas".
Este lunes el Congreso colombiano tratará un proyecto de ley sobre anticorrupción en el que se incluyó un artículo que propone penas de cinco a 10 años de prisión y multa millonaria contra quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos. También contempla la cancelación de la personaría jurídica de las instituciones de donde proviniere la crítica que se considere injuria o calumnia.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para "erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa". Canahuati, CEO de Opsa, de Honduras, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido; "es una herramienta para callar a medios y periodistas".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo: "Estamos frente a un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas". Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: "Nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia".
Tras largas campañas realizadas por la SIP y otras organizaciones de protección de la libertad de prensa, muy pocos países latinoamericanos mantienen leyes que blindan y protegen a los funcionarios de la crítica a través de penas de cárcel y multas, entre ellos Cuba y Venezuela.
Canahuati y Jornet expresaron que la ley en Colombia es una nueva ley mordaza. "Servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente".
"Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actué en consecuencia y elimine estas protecciones especiales", concluyeron.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
