La violencia en Colombia no solo no ha disminuido, sino que ha registrado un preocupante incremento del 45 % en comparación con el mismo periodo de 2024, según reveló el más reciente informe “La paz, ¿cómo vamos?”, elaborado por las organizaciones Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esta última cercana al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pese a los nueve procesos de paz actualmente vigentes con distintos grupos armados, el país reportó 603 eventos violentos entre enero y mayo de 2025, lo que sugiere un fracaso parcial en la implementación de la llamada “paz total”, política bandera de la administración Petro.
“Vamos a cerrar el año 2025 con más de 1.200 eventos violentos, lo podemos confirmar desde ya”, advirtió Lina Mejía Torres, coordinadora de Derechos Humanos de Vivamos Humanos, durante la presentación del informe en un evento realizado en Bogotá. La cifra superaría los registros de 2023 y 2024, años en los que no se alcanzaron los 1.100 casos.
El informe detalla que los hechos violentos incluyen homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones y violencia sexual, afectando gravemente a la población civil. Además, alerta sobre la persistencia de dinámicas armadas y disputas territoriales, a pesar del diálogo entre el Estado y organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, y varias bandas regionales.
De los nueve procesos, solo el de Medellín fue calificado como exitoso. En contraste, el del Estado Mayor de Bloques y Frentes, con fuerte presencia en Guaviare, acumuló 783 acciones violentas en lo corrido del año, mostrando escasos avances en la mesa de diálogo.
El expresidente Ernesto Samper, uno de los asistentes al evento, subrayó que “cuando uno tiene ocho incendios en la casa, no puede apagar solo uno”, y propuso avanzar hacia una “territorialización de la paz” basada en mínimos humanitarios.
En la misma línea, el analista León Valencia señaló que, aunque la situación no alcanza los niveles del pasado —cuando se reportaban hasta 3.000 secuestros y 600.000 desplazados anuales—, hoy se enfrenta una “confluencia peligrosa” de violencias que requiere respuestas más profundas.
El documento final concluye que la seguridad en Colombia no puede seguir entendida únicamente como militarización, e insta al Gobierno a adoptar medidas estructurales, garantizar la participación ciudadana, regular los ceses al fuego y asegurar la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016.
Al evento asistieron también figuras clave como el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez; Vicente Ortega, coordinador de Aecid en Colombia; y Vera Grabe, jefa de la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con el ELN.
El balance, lejos de alentador, plantea un desafío urgente para el Gobierno Petro: cómo transformar el discurso de paz en realidades tangibles para los territorios más golpeados por la violencia.
