El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia analizó el decreto de Emergencia Carcelaria que presentó el INPEC, y sobre eso, emitió una serie de recomendaciones necesarias para hacerle frente a la crisis carcelaria que se presenta a nivel nacional.
Según dijeron los expertos hay "un mal manejo por parte del Estado" en cuanto a las medidas preventivas que se adoptaron en todo el país para combatir la propagación del coronavirus.
Resaltaron que dentro de ese plan de contingencia la Población Privada de la Libertad quedó en el olvido, debido al incumplimiento de los deberes legales de las autoridades del sistema.
“El Estado debe garantizar otros derechos, que aún en situación de reclusión no están disminuidos, como son el derecho a la vida y la prestación del servicio de salud”, señaló en un comunicado el presidente del Colegio de Abogados, Francisco Bernate.
Los penalistas hicieron un llamado de atención a la forma en que se aplican las penas, debido a que en la mayoría de centros carcelarios de Colombia hay sobrepoblación y hacinamiento.
“El problema no radica en tener o no la infraestructura, sino en la aplicación del derecho penal que no está siendo consecuente con un Estado Social y Democrático de Derecho”, agregó.
De acuerdo a los abogados, las cárceles presentan una sobrepoblación de 32.075 personas y un hacinamiento promedio de 35,09 %. “En algunos patios de establecimientos puede llegar al 500 %”, afirmó.
Con esta evaluación de los centros penitenciarios de Colombia, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia indicó que los reclusos mayores de 60 años que padezcan enfermedades graves deben ir a prisión domiciliaria, a excepción de los que están encerrados por delitos de lesa humanidad, con menores de edad víctimas y sexuales.
Los penalistas resaltaron que la misma medida se debe tomar con las personas que hayan pagado la mitad de su castigo, siempre y cuando no esté relacionado con los delitos anteriormente mencionados.
Estos cupos que quedarían libres al interior de las cárceles, “se deben distribuir de tal forma que solo un centro carcelario por departamentos o municipio quede con cupos para recibir a los nuevos condenados”.
Estas medidas deben recibir el visto bueno de los Jueces de Ejecución de Penas.
De igual forma, los abogados se enfocan en que las cárceles no deben permitir el ingreso de las madres de recién nacidos mientras se encuentra una solución a esta propagación del COVID-19.
El llamado de Bernate es para que estas medidas se acaten cuanto antes, debido a que la aparición del virus al interior de las cárceles podría generar un caos mayor en el país.
