La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la medida de aseguramiento que le fue impuesta al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria en medio de la investigación que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en su anterior administración.
El alto tribunal de justicia consideró que la defensa del mandatario no logró demostrar la violación de garantía alguna, ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas presentadas por el Fiscal Primero Delegado en la resolución del 5 de junio de 2020.
A principios del mes de julio la Procuraduría General le pidió a la Corte Suprema de Justicia remover la medida de aseguramiento que tiene impuesta el gobernador suspendido por este caso.
En una carta enviada al magistrado Ariel Augusto Torres, el Ministerio Público aseguró que existían los argumentos suficientes para tumbar la decisión de la Fiscalía General al imponerle dicha privativa de la libertad al mandatario departamental.
"La Fiscalía General de la Nación no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba”, expresó en la misiva.
Sin embargo, la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia decidió declarar impróspera la solicitud de control de medida de aseguramiento presentada por el defensor del gobernador, quien desde siempre ha asegurado ser inocente de los hechos que se le acusan.
¿Por qué se le investiga?
El pasado 5 de junio, la Fiscalía General de la Nación impuso medida privativa de la libertad contra el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria por irregularidades en la contratación de su anterior administración.
De acuerdo con el ente investigador, los elementos probatorios darían cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007.
Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
En ese sentido, el fiscal del caso aseguró que se encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista.
Por lo que esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.
