En su propósito común de combatir la corrupción en medio de la crisis social y sanitaria que vive el país por el Covid-19, la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía anunciaron las primeras acciones que se han tomado para que nadie "haga fiesta" con los recursos que le pertenecen a los colombianos.
Indicaron que, como consecuencia a la pandemia provocada por el virus, se diseñó una estrategia que les ha permitido trabajar de manera articulada para dar continuidad al programa de vigilancia y control denominado como “Transparencia para la Emergencia”.
Los representantes de cada entidad contaron que para tal fin, se crearon mesas técnicas permanentes con participantes de las tres instituciones, quienes en el marco de sus competencias, han priorizado el estudio de casos que generan alerta para fortalecer las investigaciones relacionadas con los recursos públicos destinados a la población afectada por la enfermedad.
En total, se han llevado a cabo 16 sesiones de mesas técnicas de los funcionarios, quienes unifican criterios para establecer posibles irregularidades en la contratación estatal.
Hasta el momento se han identificado un total de 53 procesos contractuales que suman una cuantía de aproximadamente $135.918.838.213. Las tres entidades explicaron que, dentro de las modalidades contractuales por sector, se tienen 34 contratos de salud pública, 14 de alimentos y 5 de publicidad.
Medidas adoptadas por cada entidad
La Contraloría, en su acción preventiva sobre 17486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia, indicó que, por el momento, analiza 50 casos, de los cuales 21 están bajo la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI.
Señaló que, además, hay 7 indagaciones preliminares en la Unidad de Responsabilidad Fiscal, 21 indagaciones en la Unidad de Investigaciones Especiales y 1 proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción.
En la Procuraduría se han asumido más de 990 acciones preventivas en todo el país. En materia contractual, se han analizado 5586 contratos por un valor de 1.4 billones de pesos, 18 % a nivel nacional y 82 a nivel territorial.
En materia disciplinaria, el Ministerio Público anunció que se han abierto 116 indagaciones para evaluar el trámite a juicio disciplinario y otras 7 investigaciones que avanzan en recaudo probatorio.
La Fiscalía General, por su parte, ha adelantado una verificación sobre 909 contratos para la crisis sanitaria, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas.
El ente investigador indicó que se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones.
Además, resaltó dos indagaciones preliminares relacionadas con entidades del Orden Nacional y 5 en contra de los gobernadores del Departamento de Arauca (2), Magdalena, San Andrés y Vichada.
