La Procuraduría General de la Nación hizo un importante anunció este 24 de abril frente a la vigilancia que está liderando junto a la Contraloría y Fiscalía, para evitar actos de corrupción durante la emergencia sanitario del coronavirus.
Según el órgano de control ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia.
De esos 1.286 casos, la Procuraduría inició 990 procesos preventivos, que incluyeron, entre otras acciones, vigilancia a la contratación.
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Simultáneamente, abrió 296 registros, de los cuales en 123 se inició proceso disciplinario y en cada uno de ellos ya se ha tomado alguna decisión. Otros 132 se encuentran en etapa preliminar y 41 fueron archivados.
¿Qué mandatarios fueron suspendidos del cargo?
Se iniciaron 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías por presuntas irregularidades en la contratación. Se adelantan procesos por:
- Sobrecostos en la adquisición de mercados
- Sobrecostos en adquisición de elementos de protección
- Trasgresión del aislamiento obligatorio 9
- Vulneración de derechos de la población carcelaria con ocasión de la pandemia
- Extralimitación de funciones de servidores públicos
Chocó
Con una suspención de 3 meses el gobernador de Chocó, Ariel Palacio, deberá enfrentar esta investigación por un contrato celebrado con la Fundación Chocó Saludable y en la que se pactaba recursos por más de $2.000 millones de pesos donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos.
“Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.
Calarcá, Quindío
La misma suspención cayó para el alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón. La Procuraduría ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por 3 meses por presuntas irregularidades con contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.
Los mandatarios y funcionarios investigados
Si bien no se ordenó la suspensión a este grupo de funcionarios, el ente de control sí ordeno abrir procesos disciplinarios por el mal manejo de los recursos públicos.
Arauca
También fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19. Al gobernador se le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.
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En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.
El Socorro, Santander
Por primera vez en la historia, la PGN citó a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepción, a un funcionario. Se trata de la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos. De acuerdo con lo establecido en la Ley 137 de 1994, este es un procedimiento rápido o expres que podría tomar días.
Se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato.
Guaduas, Cundinamarca
También se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo.
La Palma, Cundinamarca
Se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.
En este proceso el material probatorio, en su gran mayoría, fue recopilado con ayuda de los ciudadanos, y en menos de 15 días la indagación dio curso a una investigación disciplinaria.
Armenia
En el caso de la alcaldía de Armenia se abrió indagación por un contrato por $300 millones, con la empresa ´Guitarra & Coffee´, para el suministro de servicios logísticos, operativos, asistenciales y de restaurante para el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio para atender la emergencia generada por el covid-19. El contrato fue suspendido por petición de la PGN.
Indagaciones preliminares
En los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros 11 procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.
También se abren estas indagaciones contra el programa de subsidios Ingreso Solidario, en el que se evalúa si se presentaron irregularidades en la planeación y ejecución que hubieran podido causar un detrimento en el monto de las ayudas.
Frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millón de mercados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra de su director, Eduardo José González, y funcionarios por establecer de la UNGR.
