Una verdadera avalancha de posibles actos de corrupción en contratación, compras y otros actos administrativos relacionados con la emergencia del Covid-19 ha motivado a la Procuraduría General de la Nación a abrir 2.292 investigaciones en 117 alcaldías de 24 departamentos y 19 gobernaciones.
El pasado 22 de abril el Ministerio Público, mediante una directiva identificó riesgos de corrupción en aspectos como: contratación no necesaria, falta de justificación de la necesidad y entrega de bienes y servicios adquiridos por la emergencia y que utilizaron para otros fines.
Departamentos como Cesar, Arauca y Vichada están en la mira de la Procuraduría por posibles daños al patrimonio público al celebrar contratos de manera irregular y la próxima semana se conocerán acciones concretas.
En el caso de Cesar cuenta con siete procesos disciplinarios, la más alta de los departamentos del país que están bajo la lupa de este organismo.
Entre las alcaldías, en Cundinamarca se abrieron 36 procesos disciplinarios en 30 alcaldías; en Nariño 14 procesos en 10 alcaldías; mientras que en Antioquia son 8 las alcaldías que están bajo la lupa de la Procuraduría General.
Durante la emergencia sanitaria han sido celebrados en todo el país 8.758 contratos con una inversión aproximada de 1,87 billones de pesos. Se destaca que a nivel nacional el Ministerio de Salud sea la entidad que más ha invertido seguido del Ministerio de las TIC.
En la parte territorial, Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico y Santander son la regiones que más han gastado en la celebración de contratos durante estos meses.
El procurador Fernando Carrillo Flórez presentó estos avances ante la plenaria del Senado de la República donde aseguró: “la corrupción es un factor de violencia, que tiene la capacidad de matar, es un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo cuando viola el derecho a la salud o juega con la seguridad alimentaria o con ayudas vitales para la supervivencia de los colombianos”.
Allí también resaltó que la entidad trabaja en cinco frentes para abordar la actual coyuntura, que son el alistamiento para la infraestructura médico-asistencial, la protección de los trabajadores, el control al acaparamiento, la protección de la población privada de la libertad y la vigilancia de los recursos públicos.
