La ministra de Justicia Margarita Cabello explicó algunos de los inconvenientes que se han presentado en el marco del decreto de excarcelación para prevenir la propagación del Covid-19 en las diferentes prisiones del país.
En medio de la exposición de un informe ante la Comisión Segunda del Senado, la funcionaria indicó que un ejemplo de estos problemas es lo que sucede con las personas mayores de 60 años, las cuales hacen parte de la población que podría acceder a los beneficios.
Según dijo, estos son ciudadanos que, en su mayoría, están pagando penas por actos sexuales o feminicidios, delitos que fueron excluidos para conceder las medidas transitorias. “Su salida generaría más problemas para la sociedad”, aseguró.
Frente a los aspectos procedimentales del decreto, la ministra mencionó que se están adelantando gestiones para que varios privados de la libertad puedan beneficiarse. Confirmó que ya se remitió al Consejo Superior de la Judicatura el primer listado con 600 personas que podrían obtener la detención o prisión domiciliaria transitoria.
“Ahora queda que los jueces competentes analicen los casos y tomen decisiones”, sostuvo.
Cabello reconoció que con este decreto no se van a solucionar problemas estructurales como el hacinamiento carcelario. Sin embargo, señaló que lo que se pretende es disminuir de alguna manera el riesgo de contagio en medio de la emergencia sanitaria que vive el país.
Además, destacó que con el Fondo de Atención en Salud para Población Privada de la Libertad, el Inpec y la Uspec, se están adoptando otras medidas necesarias para mitigar el contagio del coronavirus en los establecimientos penales y se están implementando protocolos para proteger la seguridad de los internos y el cuerpo de vigilancia y custodia.
