La denuncia en contra de cinco congresistas por presunta violación a medidas sanitarias volvió a ser objeto de debate luego de que la ministra del Interior, Alicia Arango, asegurara que los legisladores sí están dentro de las excepciones del decreto de aislamiento obligatorio expedido por el Gobierno Nacional para prevenir el Covid-19.
La funcionaria aseguró el lunes 11 de mayo que los senadores y los representantes a la Cámara pueden hacer presencia en el Congreso de la República para ejercer sus funciones porque, según dijo, al ser servidores públicos no tienen ninguna restricción para salir a pesar de las medidas puestas en marcha por la pandemia.
“El tema de la movilidad no está restringida para ustedes, nadie ha dicho que está restringida la movilidad. El problema es, por ejemplo, en los vuelos aéreos. Ustedes son servidores públicos y por lo tal están exceptuados”, afirmó.
David Racero, Katherine Miranda, Inti Asprilla, León Fredy Muñoz y María José Pizarro, los cinco representantes denunciados ante la Corte Suprema de Justicia, celebraron que la ministra del Interior les haya dado la razón respecto a la posibilidad de realizar sesiones semipresenciales en el Capitolio para hacer control político.
Sin embargo, Hollman Ibáñez, el abogado que los denunció e interpuso una queja disciplinaria en su contra, aseguró que la ministra Arango “desconoce los decretos expedidos por el Gobierno”, pues ninguna de las normas exceptúa a los congresistas de cumplir con la cuarentena.
Lucharán por demostrar su inocencia
El abogado Miguel Ángel Del Río, quien defiende a los cinco legisladores en este proceso, le dijo a KienyKe.com que, antes de hacer presencia en el Congreso, los representantes enviaron un derecho de petición al Viceministerio del Interior para saber si ellos están o no dentro de las excepciones del decreto 593 de 2020.
Según dijo, la cartera respondió que ellos sí son considerados como servidores públicos y que, en aplicación a lo dispuesto por el numeral 13 del Artículo 3º de la norma, pueden movilizarse cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
Del Río señaló que, de acuerdo a lo establecido por el decreto 491 de 2020, cuando la virtualidad complique las labores del control político, las autoridades podrán hacer presencia física en sus lugares de trabajo, en este caso, el Capitolio Nacional.
“Las respuestas al derecho de petición, el decreto 491 de 2020, la Constitución y la reciente declaración de la ministra Alicia Arango confirma que los representantes sí podían ir al Congreso, lo cual destruye la posibilidad de que ellos estén incurriendo en el delito de violación de medidas sanitarias”, afirmó.
Del Río aseguró que las denuncias en contra de los congresistas hacen parte de “una persecución por parte de algunos miembros cercanos al Gobierno” que tienen como propósito limitar el control político y atacar a las minorías opositoras.
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“Nosotros responderemos las denuncias en la Corte Suprema y a la queja ante el Ministerio Público. Se solicitará que cada congresista sea escuchado y también pediremos que los procesos penales y disciplinarios sean archivados”, comentó.
Además, el penalista anunció que denunciarán a Hollman Ibáñez por falsa denuncia porque, a su juicio, él no tiene ningún sustento legal y sus acusaciones son temerarias.
Ibáñez insiste en que ellos no están dentro de las excepciones
El abogado Hollman Ibáñez insistió en que ninguno de los decretos expedidos por el Gobierno establece excepciones de movilidad para los congresistas, pues indicó que las medidas están dirigidas solo para los servidores que tengan dentro de sus funciones la prevención, mitigación y atención de la emergencia sanitaria por causa del Covid-19 (ver aquí el decreto).
“Al ejercer control político ellos no están previniendo o haciendo contención del Covid-19 porque no está dentro de sus funciones. Esa actividad la pueden hacer de manera virtual. En ninguna norma dice que ellos puedan movilizarse y reunirse. En nuestra interpretación, ellos están violando de manera dolosa los decretos de aislamiento”, sostuvo.
Según dijo, quienes tienen que definir si ellos incurrieron en un delito o en una falta disciplinaria son la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, pues el concepto emitido por el Viceministerio del Interior no es válido en este caso.
“Los únicos que pueden rendir un concepto como este es el Consejo de Estado, no la cartera del Interior. Serán la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Comisión de Ética de la Cámara quienes decidan dentro de sus competencias si violaron las medidas sanitarias o no. Los pronunciamientos que hizo la ministra Arango solo evidencian el desconocimiento de lo que firmó”, manifestó.
Ibáñez también rechazó las “amenazas, intimidaciones, calumnias e injurias” que, según le expresó a este medio, ha recibido por parte de los congresistas que denunció. Además, aseguró que se defenderá y acudirá a la justicia cuando sea requerido para presentar sus argumentos.
“Han tratado de intimidarnos a mí y a la firma a la que pertenezco para que no sigamos denunciando. Cuando sea llamado por las autoridades daré las explicaciones que me corresponden. Quiero dejar en claro que yo hice control social frente a unos hechos que son notorios y de público conocimiento”, finalizó.
