El próximo 31 de octubre termina la amnistía para ponerse al día en el pago de aportes y parafiscales, una obligación que deben cumplir las empresas y personas particulares, evitando de esta manera sanciones.
Según Laura Sofía Salazar, Consultora Senior del área de Business Services & Outsourcing de la firma BDO en Colombia, “esta ventaja que la Ley de Financiamiento contempla en sus artículos 100 y 101, beneficia a personas jurídicas y naturales que se encuentran en procesos de fiscalización por parte de la UGPP, en cumplimiento de sus funciones de fiscalizar el pago correcto de los aportes a seguridad social y parafiscales”.
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, se enfoca en el seguimiento de los pagos a la seguridad social de las personas naturales que perciben ingresos y declaran renta, y además de aquellos que cuentan con presunción de ingresos, por los activos que poseen o por entradas intermitentes que aumenten su capital y puedan evidenciar su capacidad de pago.
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“La amnistía, que aplica para todos ellos, se basa en la obligatoriedad que presentan ante la UGPP, y la cual se encuentra directamente relacionada con la entrega de información veraz y oportuna, dentro de los plazos señalados, con el fin de permitir el proceso de fiscalización que realiza la unidad, a los aportes efectuados con respecto a los ingresos percibidos en el periodo fiscalizado, evitando así multas y sanciones por la omisión en la entrega”, asegura la experta de BDO en Colombia.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias a la hora de incumplir con las normas ante la UGPP?.
La experta afirmó que los riesgos son de carácter económico, “ya que la unidad puede llegar a realizar de forma directa el embargo de bienes y cuentas bancarias que cubran las sanciones generadas por la no entrega de dicha información. Así mismo, los obligados a cumplir con estas obligaciones, deben saber que las multas y sanciones que imponga la unidad, continúan incrementándose a diario de acuerdo con los intereses de mora”.
Además, fue enfática en señalar que de no ser suministrada la información solicitada por la unidad, los responsables se harán acreedores a una sanción hasta de 15.000 UVT, (correspondientes a $ 514.050.000, para el año 2019) los cuales pueden crecer en la medida que aumente el tiempo de mora.
