El Gobierno ha afirmado que el proyecto de reforma está enfocado en la tributación de las empresas y no en las personas.
Uno de los grandes movimientos financieros que plantea el Estado es al patrimonio. Justamente no se llamará así y se convertirá en el impuesto a la riqueza. Este se cobrará a las personas y empresas que superen los 1.000 millones de pesos en patrimonio. Justamente este punto ha incomodado a los empresarios. Afirman que un impuesto a los elementos o máquinas que ayudan a la producción de la empresa pueden afectar la productividad y la generación de empleo se vería afectada.
La principal queja es que una nueva carga tributaria afectará directamente a los pequeños y medianos empresarios. Cabe recordar que al impuesto CREE (Impuestos sobre las utilidades de las empresas) tendrá una sobretasa del 3%. La idea del Gobierno es no afectar a la clase media y a las pymes. Esta sobretasa afectaría en promedio a 6.000 empresas.
Salomón Kalmanovitz, en su columna de opinión en el diario El Espectador afirmó que "el impuesto a la riqueza sería innecesario si hubiera una tributación fuerte sobre los dividendos que reparten las empresas a sus dueños".
La Andi, a través de su presidente, Bruce Mac Master, pidió al Gobierno que esta reforma no supere el año en ejecución. Rafael Mejía del Consejo Gremial afirmó que los empresarios se reunirán para tomar una posición conjunta y plantearla en el Congreso.
Uno de los puntos más importantes en la discusión es sobre el castigo con cárcel a los evasores. Otro punto que maneja el proyecto es acabar con la devolución de 2 puntos del IVA a las compras con tarjeta de crédito. Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el quitar este incentivo no afectará las compras que hagan los colombianos con dinero plástico.
Con los recursos que se obtengan de esta reforma, el Gobierno quiere asegurar los recursos que se necesiten para un eventual postconflicto si se firma la paz con la guerrilla de las Farc. Una eventual firma implicaría recursos en programas agropecuarios y de reinserción social.
La principal queja es que una nueva carga tributaria afectará directamente a los pequeños y medianos empresarios. Cabe recordar que al impuesto CREE (Impuestos sobre las utilidades de las empresas) tendrá una sobretasa del 3%. La idea del Gobierno es no afectar a la clase media y a las pymes. Esta sobretasa afectaría en promedio a 6.000 empresas.
Salomón Kalmanovitz, en su columna de opinión en el diario El Espectador afirmó que "el impuesto a la riqueza sería innecesario si hubiera una tributación fuerte sobre los dividendos que reparten las empresas a sus dueños".
La Andi, a través de su presidente, Bruce Mac Master, pidió al Gobierno que esta reforma no supere el año en ejecución. Rafael Mejía del Consejo Gremial afirmó que los empresarios se reunirán para tomar una posición conjunta y plantearla en el Congreso.
Uno de los puntos más importantes en la discusión es sobre el castigo con cárcel a los evasores. Otro punto que maneja el proyecto es acabar con la devolución de 2 puntos del IVA a las compras con tarjeta de crédito. Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el quitar este incentivo no afectará las compras que hagan los colombianos con dinero plástico.
Con los recursos que se obtengan de esta reforma, el Gobierno quiere asegurar los recursos que se necesiten para un eventual postconflicto si se firma la paz con la guerrilla de las Farc. Una eventual firma implicaría recursos en programas agropecuarios y de reinserción social.
