La denuncia reciente de Gustavo Petro sobre un posible bombardeo desde Ecuador volvió a poner en la memoria un antecedente inevitable en la relación bilateral. Antes de esta nueva controversia, la crisis más grave entre Colombia y Ecuador por un episodio de frontera ocurrió en 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe reconoció una operación militar en territorio ecuatoriano contra un campamento de las FARC.
El operativo que abrió la crisis
La madrugada del 1 de marzo de 2008, fuerzas colombianas bombardearon un campamento guerrillero en la zona de Sucumbíos, en Ecuador. En esa operación murió Raúl Reyes, uno de los principales comandantes de las FARC. Desde el comienzo, el hecho tuvo dos dimensiones. En el plano militar, fue presentado por Bogotá como uno de los golpes más importantes contra la guerrilla. En el plano diplomático, abrió una disputa inmediata porque el ataque y la posterior incursión de tropas ocurrieron del lado ecuatoriano de la frontera.
El gobierno colombiano defendió entonces la actuación de sus fuerzas bajo el argumento de la legítima defensa y sostuvo que la incursión había sido necesaria dentro del operativo. Ecuador respondió con una posición opuesta: denunció una violación de soberanía, llamó a consultas a su embajador en Bogotá y elevó el caso como una agresión de un Estado contra otro. La discusión dejó de ser, desde ese momento, un asunto exclusivamente militar y pasó a convertirse en una crisis diplomática regional.
La reacción de Ecuador y de la región
La respuesta ecuatoriana fue rápida. El presidente de ese entonces, Rafael Correa, endureció el tono, expulsó al embajador colombiano y ordenó movilizaciones hacia la frontera. La tensión no se quedó en el plano bilateral. En cuestión de días, varios gobiernos de la región se pronunciaron sobre el caso y la controversia llegó a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Brasil, por ejemplo, pidió una disculpa explícita de Colombia, mientras otros países respaldaron la posición ecuatoriana sobre la inviolabilidad del territorio.
La discusión en la OEA dejó uno de los puntos más relevantes de todo el episodio. En los documentos del organismo quedó consignado que lo ocurrido constituía una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y que el caso había producido una grave crisis entre ambos países. La resolución reafirmó además un principio básico del derecho interamericano: que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza por parte de otro Estado, cualquiera que sea el motivo.
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El cierre político de la crisis
La crisis alcanzó su punto más visible en la Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo el 7 de marzo de 2008. Allí, después de varios días de acusaciones cruzadas, los presidentes de la región llevaron la discusión al escenario político más alto. El episodio terminó con un gesto de distensión y con la aceptación, por parte de Colombia, de que había existido una afectación a la soberanía ecuatoriana. En los documentos posteriores de la OEA quedó registrado que Álvaro Uribe ofreció plenas disculpas al Gobierno y al pueblo del Ecuador por la violación de su territorio y soberanía, y se comprometió a que hechos similares no se repetirían.
Sin embargo, el cierre diplomático no borró de inmediato las consecuencias del episodio. La ruptura de relaciones entre ambos países se mantuvo durante meses y solo más adelante comenzaron contactos para restablecerlas.
Un antecedente que sigue pesando
La Operación Fénix quedó como uno de los antecedentes más delicados de la política exterior colombiana en la región. No solo por la muerte de Raúl Reyes, sino porque convirtió la frontera con Ecuador en escenario de una discusión mayor sobre seguridad, soberanía y límites del uso de la fuerza entre Estados vecinos. Por eso, cada vez que un nuevo episodio vuelve a tensar esa relación, el recuerdo de 2008 reaparece como referencia obligada.
