El caso de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha dado un nuevo giro tras la decisión de trasladarla desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a una guarnición militar, una medida que, según su abogado Francisco Bernate, responde a un entorno carcelario cada vez más hostil, agravado por las declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro.
En entrevista con Blu Radio, Bernate aseguró que los pronunciamientos del mandatario y del ministro de Defensa sobre el caso de su clienta provocaron reacciones negativas dentro del penal, generando un ambiente adverso que ponía en riesgo su integridad.
“Cada vez que el presidente de la República o el ministro de Defensa hablaron de esta situación en los consejos de ministros y demás, obviamente las restantes reclusas no toman eso como algo muy positivo. La reacción puede ser precisamente la contraria: ‘¿Por qué usted sí y nosotros no?’”, explicó el jurista.
La empresaria, condenada por actos vandálicos en el marco de protestas sociales, se encontraba recluida en El Buen Pastor, una de las cárceles de mujeres más conocidas del país. Sin embargo, su creciente exposición mediática —en gran parte impulsada por menciones presidenciales— generó una serie de tensiones internas.
Bernate detalló que Barrera enfrentaba aislamiento, dificultades para recibir visitas familiares, falta de acceso adecuado a servicios médicos y la imposibilidad de acceder a los cursos de peluquería que había solicitado como parte de su proceso de resocialización. Estos factores, sumados al impacto emocional del rechazo entre las demás internas, llevaron a su defensa a solicitar el traslado.
“Tal vez lo mejor era que ella estuviera en otro lugar, porque esa visibilidad y el estar permanentemente en boca ni más ni menos que del presidente de la República, pues obviamente al interior de una institución como una cárcel, no eran situaciones propiamente bienvenidas”, añadió Bernate.
Contrario a lo que suele ocurrir en este tipo de casos, el traslado de Barrera no fue ordenado por un juez, sino autorizado por el Ministerio de Justicia y el Inpec, tras una evaluación interna que concluyó que su permanencia en El Buen Pastor representaba riesgos para su integridad física y emocional.
La nueva ubicación de la empresaria es la Escuela de Carabineros en Bogotá, un centro administrado por la Dirección de Centros de Reclusión Militar del Ministerio de Defensa, y utilizado en casos especiales donde se prioriza la seguridad del interno.
La figura de Epa Colombia ha sido objeto de constantes controversias desde su irrupción en la opinión pública. Su condena por destrucción de propiedad pública durante las protestas de 2019, su posterior transformación en empresaria del sector de la belleza y su creciente presencia en redes sociales han generado opiniones encontradas.
