El mes pasado, Makalay Tarawally puso a su hijo de 2 meses frente al teléfono para que su padre pudiera conocerlo por primera vez, virtualmente. Siendo técnica en hemoterapia para una unidad hospitalaria de la COVID-19, Tarawally sabía cuán cuidadosa debía ser.
Desde la casa de su tía en Edison, Nueva Jersey, llamó a una habitación en el Red Roof Inn. El padre de sus dos hijos, Abdul Massaquoi, se estaba aislando allí porque sospechaba que había estado expuesto al coronavirus. Él saludó con la mano a través de la pantalla del teléfono.
Massaquoi, de 44 años, estaba confinado en el hotel porque en el otoño pasado fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, mientras se dirigía a su trabajo como camionero para Macy’s.
El hombre fue acusado de falsificar su green card en 2018 y fue arrestado después de faltar a una cita en la corte en 2019. Según su abogado, las autoridades enviaron la citación a su antigua dirección y no a su nuevo hogar.
Massaquoi acababa de salir del Centro de Detención Elizabeth en Nueva Jersey, donde 18 personas habían dado positivo por el virus, por lo que una organización sin fines de lucro le pagó su estadía en el Red Roof para asegurarse de que no hubiera sido infectado.
Massaquoi, oriundo de Sierra Leona, dijo que el ambiente del centro de detención era estresante. “Todos estaban enfermos y estábamos uno al lado del otro”, dijo.
Luego de que se detectaron 85 casos en Nueva York y Nueva Jersey, los centros de detención de ICE se han convertido en focos para el virus. Hasta el 11 de mayo, 36 personas dieron positivo en Nueva Jersey.
Cuatro miembros del personal del Centro Correccional del Condado de Hudson en Kearny, uno de los cuatro centros de detención del estado, murieron a causa de la COVID-19.
La Unión Americana de Libertades Civiles se ha referido a la población de detenidos del país como “carne de cañón”.
El Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, una organización sin fines de lucro, calculó recientemente que, para el día 90 de un brote de coronavirus, casi todos los detenidos en las instalaciones de ICE podrían estar infectados.
Al igual que pasa en las cárceles, los centros de detención enfrentan decisiones difíciles sobre cómo mantener seguras a sus densas poblaciones.
Desde el brote de coronavirus que se presentó en marzo, ICE suspendió las visitas sociales y ha escalonado las comidas y los tiempos de recreación, además está monitoreando de manera regular a los detenidos por COVID-19 en todas sus instalaciones, dijo un portavoz.
Una de las “mayores prioridades de la agencia es la salud y la seguridad de las personas bajo nuestra custodia”, continuó.
Con ese fin, ICE también ha liberado a unas 900 personas desde marzo. Los registros de detenciones se redujeron en un 60 por ciento en comparación con los datos del año pasado.
En la actualidad, alrededor de 30.000 personas están detenidas en todo el país, el número más bajo desde el comienzo del gobierno de Donald Trump.
Pero ese número sigue siendo demasiado alto, según los más de 4000 médicos que le enviaron una carta a ICE exigiendo la liberación de más personas “para que no haya muertes que pueden evitarse”.
Hasta el 11 de mayo, ICE informó que de los casi 1700 detenidos que fueron examinados, aproximadamente la mitad había recibido resultados positivos para el virus.
La pandemia se ha convertido en un nuevo frente en el debate sobre la inmigración, por lo que los opositores de las políticas de Trump se enfrentan contra una administración que intenta reducir la migración, tanto ilegal como legal, y que busca hacer cumplir de manera más agresiva las leyes migratorias.
En Nueva York y Nueva Jersey, los activistas están trabajando para proteger y liberar a todos los detenidos de ICE. Algunos le escriben cartas al gobernador Phil Murphy, exigiéndole que emita una orden de emergencia para desalojar todas las instalaciones.
Otros participan en protestas regulares que se celebran en toda Nueva Jersey, tocando las bocinas de sus automóviles y llevando carteles con el mensaje #LibérenlosATodos frente a las cárceles.
“Siempre ha sido una crisis, pero diría que ahora es mucho peor”, dijo Rosa Santana, directora de programas en First Friends of New Jersey and New York, una organización sin fines de lucro.
Un portavoz de ICE dijo que, en marzo, la agencia comenzó a evaluar a su población detenida con el fin de detectar a quienes podrían estar en “mayor riesgo de enfermarse de manera grave como resultado de la COVID-19 y determinar si la detención continua era apropiada”. Eso produjo la liberación de cientos de detenidos.
Hasta hace poco, el caso de Massaquoi, el conductor del camión de Macy’s, no había sido tomado en cuenta a pesar de que sufre una serie de condiciones de salud subyacentes, según su abogado, John P. Leschak, quien fue contratado para defenderlo por la misma organización sin fines de lucro que pagó por su cuarentena en el hotel.
“El hombre sufre de hipertensión, que es la principal comorbilidad en los casos de COVID en Nueva York y Nueva Jersey, y también tiene asma y es prediabético”, dijo Leschak. “Y aparte de un delito menor que cometió hace 20 años, no tenía nada en su historial criminal”.
Sin embargo, Massaquoi fue uno de los afortunados. Dio negativo para el virus y, después de una cuarentena sin incidentes en el Red Roof Inn, finalmente se reunió con su familia este mes.
Se mostró especialmente conmovido por su recién nacido.
“Llegué a pensar que nunca iba a poder verlo, lloré cuando lo vi”, dijo. “Y mi otro hijo, estaba tan feliz de tener a su papá de vuelta. Rezo para que todo esté bien. No sé qué va a suceder. Pero me preocupo todos los días”.
Por: Tammy La Gorce
