El lado oscuro de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo

El lado oscuro de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo

3 de abril del 2011

Mientras un lado de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo brilla con luz propia, y es patrimonio del mundo en materia de derechos humanos, el otro es una sombra que se cierne sobre ellas y pone en peligro el trabajo que aún les queda por delante, antes de que más militares mueran impunes, y más abuelas los sigan a la tumba sin saber lo que fue de sus hijos y sus nietos, desaparecidos durante última dictadura en Argentina.

La voz de estas militantes es incuestionable cuando encabeza el rechazo internacional por las afirmaciones que hizo el twittero más rápido del oeste, Álvaro Uribe, sobre el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pero se enturbia de puertas para adentro al terminar envueltas en situaciones, cuando menos, tan difíciles de explicar como las que suelen enlodar al señor ex presidente.

No sería justo atacarlas por la suerte de haberse topado con su media naranja, un gobierno fuerte que las hizo fuertes –bien merecida es la holgura de la que gozan hoy–, sino por una cada vez mayor falta de coherencia que genera rechazo en diversos sectores de la sociedad.

Hebe de Bonafini es la líder más problemática. De las marchas pacíficas pasó a intentar desalojar de la Plaza de Mayo a un grupo de bolivianos que protestaban por la presunta muerte de uno de los suyos a manos de un policía, para ella un dato que no debería ser menor. Casi podía verse la saliva de Bonafini caer sobre el féretro del muerto, que era velado en su plaza y la de nadie más.

Bonafini, defensora de la vida, se declara desde hace años pro anarquista, está de acuerdo con la revolución armada y la incita. Por eso es oportuno diferenciarla de las madres de línea fundadora y de las abuelas, nominadas al Nóbel de la Paz en los últimos tres años. Su organización, asimismo, ha adquirido una experiencia notoria en contratación de obras públicas adjudicadas a dedo a la Misión Sueños Compartidos, surgida en 2006 de su asociación de madres, por idea de Sergio Schoklender, apoderado legal de la organización y un hombre, digamos, un poco dudoso: purgó una condena de 14 años por el cruento homicidio de sus padres, cometido a los 23 años con una barra de acero y una soga en compañía de un hermano, para empezar. Después, ya libre, seguiría con la detención mientras conducía un carro robado, acusaciones de mal manejo de recursos públicos y lavado de dinero.


Diversos sectores de la sociedad han puesto en duda la labor de las Madres de Mayo.

Junto al de Sergio Schoklender se destaca otro nombre, el de Felisa Miceli, encargada de las finanzas de las madres de Bonafini por pedido de Néstor Kirchner, luego de que tuviera que renunciar como Ministra de Economía al no poder explicar la presencia de una bolsa repleta de dinero en efectivo escondida en su despacho. Al respecto, una anécdota: se dio a entender que ella sería la encargada de aclarar las cuentas que hasta su llegada manejaba el desordenado de Schoklender, relacionadas con una universidad, una radio y obras públicas tanto nacionales como de la capital federal. Pero no aclares que oscurece, dice el dicho: él se quedó con las casas, y ella con la facturación.

Es posible que con las madres de Bonafini no haya incoherencia, sino que su lógica sea una distinta a la que se creía. En opinión de su líder “al enemigo ni un vaso de agua”, con lo que Schoklender estará de acuerdo. El pacifismo llegó a su fin y en los estrados judiciales no se aplica la ley, sino la venganza, y eso empaña los logros de Néstor Kirchner que, por la razón que sea, anuló los indultos de la época de Ménem, volvió a procesar a los acusados y puso otra vez a la justicia en el horizonte. Si la ley es explícita en que las personas de más de setenta años deben estar en detención domiciliaria, no se explica cómo Jorge Rafael Videla, a sus 85 años, se encuentra encerrado en una cárcel común. Es un tema delicado que da lugar a interpretaciones, pero no hay duda de que las personas son personas, siempre. Si los militares no entendieron esto, las madres y el poder legislativo democrático en la era K parece que tampoco.

Por su parte, las abuelas tampoco se quedan atrás: ellas, que han restablecido a pulso la identidad de 102 nietos y llenan de orgullo al país, se prestan para un juego tipo dictadura dentro de la pelea del gobierno con el Grupo Clarín: probar a toda costa que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, su principal accionista, son en realidad hijos de desaparecidos. La justicia llegó a detenerlos en plena calle y secuestrarles toda la ropa para practicar pruebas de ADN en contra de su voluntad, cuando el pleito existe desde hace 15 años y nadie había actuado con tanta temeridad sino hasta que fue urgente en lo político. Una orden.

Los malos pensadores presumen que si hubieran sido identificados como hijos de desaparecidos, quizá se habrían cambiado de bando para arrastrar consigo su poder, y nada más conveniente. El accionar básico de las abuelas que se daba por sentado tambalea: los hijos de Herrera de Noble no desean reconocer una identidad más allá de la que tienen, si fuera el caso, lo que ha abierto la discusión de si la identidad es un derecho o un deber, o cuál es la prelación entre víctimas.


Las madres y las abuelas están enredadas hasta el cuello. Les esperan tiempos difíciles.