En Colombia, hablar de dignidad y derechos humanos no puede seguir siendo una promesa aplazada para las personas con identidades de género diversas. Como coordinador ponente del Proyecto de Ley 122 de 2024 que reclama una mirada integral para cumplir con este propósito me siento profundamente comprometido con la responsabilidad de abrirle paso a una legislación que no solo es urgente, sino absolutamente necesaria para cerrar la brecha de desigualdad estructural que afecta a las personas trans y no binarias en nuestro país.
Este proyecto nace de una verdad que ya no se puede seguir ignorando: las personas con identidades de género diversas siguen enfrentando entornos profundamente hostiles, marcados por la violencia, la exclusión y una negación sistemática de sus derechos más básicos. Salud, educación, trabajo, vivienda y justicia son, para muchas personas trans, palabras llenas de obstáculos.
El proyecto de Ley fue construido de la mano de más de 1.300 personas trans y no binarias de todo el país, en un proceso profundamente democrático que reconoce sus voces, trayectorias y necesidades. Esta ley no es solo una propuesta jurídica, es una respuesta social a un clamor colectivo por justicia.
En su contenido el proyecto tiene como propósito central eliminar la discriminación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en todos los ámbitos de la vida, tanto en lo público como en lo privado. Busca garantizar su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, reconociendo que la identidad de género no debe ser motivo de exclusión, violencia o desigualdad ante la ley ni en la vida cotidiana.
Asimismo, la ley propone promover acciones afirmativas y políticas públicas que dignifiquen e incluyan a esta población en los distintos espacios sociales, económicos y culturales del país. También establece mecanismos para proteger a las personas trans y no binarias de la violencia, y garantizarles el acceso real a la justicia cuando sean víctimas de discriminación o ataques motivados por su identidad de género. Se trata de avanzar hacia una Colombia más justa, donde todas las personas puedan vivir con dignidad, libres de miedo y plenamente reconocidas por quienes son.
En el Congreso hemos venido dialogando con diferentes sectores políticos, sociales y académicos. Sabemos que este proyecto implica transformaciones culturales, administrativas y jurídicas. Pero también sabemos que Colombia no puede seguir mirando hacia otro lado mientras miles de personas viven condenados a la invisibilidad.
Este no es un proyecto contra nadie. Es una ley a favor de la vida digna. A favor de la igualdad real. A favor de que el Estado colombiano, en todos sus niveles, cumpla con su obligación constitucional de proteger a todos y todas, sin excepción.
A quienes han expresado dudas, quiero decirles que estamos abiertos al debate, al diálogo, a construir una ley que represente lo mejor de nuestra democracia. Pero partamos de un punto innegociable: la dignidad de las personas trans no es un favor que se les concede, es un derecho que debe ser garantizado.
El doloroso asesinato de Sara Millerey nos recuerda con crudeza la violencia persistente que enfrentan las personas trans en Colombia. Nunca más casos como el de Sara. Como sociedad, no podemos permitirnos seguir tolerando esta aberración. Por ello, invito a los y las congresistas, así como al movimiento social, a respaldar que esta ley lleve su nombre, como un símbolo de justicia, reparación y compromiso colectivo con un “nunca más”.
