El colectivo Sabuesos Guerreras, conformado por 320 familias y nacido hace tres años en Culiacán, Sinaloa, no está muy conforme con la presentación el pasado 6 de enero del registro nacional de desapariciones y fosas clandestinas en México, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Su líder, María Isabel Cruz, comenzó la labor de búsqueda con pica y pala después de que desaparecieran a su hijo. Se unió a ocho madres de familia y gradualmente fueron creciendo en esa región ante lo que señalan como desatención de la fiscalía local del noreste del país por la cantidad de desapariciones.
Según Cruz, estas labores de búsqueda de fosas y desaparecidos han derivado en la localización de 12,862 fragmentos humanos. El estado de Sinaloa ocupa el deshonroso primer lugar con 345 fosas clandestinas.
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El colectivo acusa al gobierno de presumir de cifras equivocadas que en su mayoría fueron resultado de hallazgos de los ciudadanos, frente a lo que denuncian como inacción de las autoridades.
“Las búsquedas las hemos hecho las familias por encontrar a los nuestros y son números que ellos se adjudican”, reclama Cruz en entrevista con la Agencia Anadolu.
De cara a esa situación, ellas toman las herramientas y los mapas para salir a rastrear a los perdidos en la región. A veces encuentran a los familiares desaparecidos del colectivo, otras veces encuentran otros cuerpos que no reclaman, sin embargo persisten en rastrear a los suyos, en medio de rompecabezas de informaciones.
Con el tiempo han aprendido métodos, uso de herramientas, así como detección de aromas, colores y tipos de terrenos. “Cuando es un cuerpo reciente se va a dar el aroma, pero cuando ya son restos anteriores de 4 ó 5 años, ya no hay nada más que la tierra, el cambio de color de la tierra, tienes que aprender a leer la tierra, el color de la tierra, de la maleza, tienes que hacerte muy observadora, para que veas que no es una fosa, lo hemos ido aprendiendo en el camino”, explica la líder.
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Para iniciar un rastreo, María Isabel relata que se reúnen las familias y platican sobre los principales lugares ocupados por el crimen organizado. “Tienes que pensar cómo un delincuente y actuar como un delincuente para buscar una fosa”, comenta.
Después acuden a realizar labor de campo, pidiendo permiso a los grupos delictivos que controlan las zonas, pues siempre los integrantes del colectivo cuidan de su seguridad en ambientes donde corren peligro.
El informe del Gobierno mexicano
El informe del Gobierno da cuenta de 147,033 personas desaparecidas durante el periodo 1960-2019, mientras que, en el caso de las fosas clandestinas, se han registrado 3,631 entre 2006-2019. Las regiones con los más graves antecedentes en el tema son Colima, Veracruz, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila y Chihuahua.
Pero todas estas cifras, asegura la activista Cruz, son resultado de los esfuerzos de los colectivos de ciudadanos en el país, y no de las fiscalías locales.
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“El gobierno dice que tiene toda la tecnología, pero yo no la veo, somos las familias quienes les damos los puntos, tristemente dicen que hacen tantas búsquedas, mentira, que reconozcan el trabajo de las familias”, explica la activista, quien añade que esto demuestra la incapacidad de la Fiscalía general y las locales para investigar y castigar estos delitos de alto impacto.
Drama personal convertido en misión
La historia de María Isabel Cruz, como la de miles de mexicanos, es la de una madre que se convirtió en una investigadora improvisada para encontrar a su hijo, Yosimar García Cruz, cuyo cumpleaños será el próximo 26 de enero, y después de tres años aún no se sabe nada de su paradero.
Yosimar, quien trabajaba como policía municipal, desapareció el 26 de enero de 2017 a manos de un comando armado desconocido. Esto ocurrió luego de que se encontrara ayudando a un convoy de militares que realizaban un operativo para trasladar a un importante narcotraficante de Badiraguato, Sinaloa, el pueblo natal del condenado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fundador del Cartel de Sinaloa.
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La línea de investigación seguida por María Isabel indica que fue una represalia del narco por apoyar al ejército durante el operativo y borrar cualquier testimonio sobre ese ataque donde el cartel asesinó a cinco militares.
Uno a uno, los policías municipales que ese día ayudaron a los militares fueron desapareciendo, y así llegó el turno de Yosimar. Hasta el momento las autoridades no han resuelto nada sobre el caso.
“No me dicen nada porque toda la investigación la he hecho yo, las búsquedas las he hecho yo, mi hijo va a cumplir 3 años el 26 de enero. Si llego a encontrar algo, ellos van a decir ´nosotros encontramos´”.
Según Cruz, las familias que conforman el colectivo han pasado por el mismo calvario: “Acuden a las autoridades, esperan los que les dicen, pasa el tiempo, tres meses y cuatro meses, y se empiezan a dar cuenta que las autoridades no hacen nada, van viendo que son personas que no hacen nada”.
En Sinaloa se han acumulado 345 fosas clandestinas. Solo en el primer año del gobierno actual han sido encontradas 144, es decir, el 16.49% de todo el país. Y aquí no sólo están las Sabuesos Guerreras, llamadas así porque en su mayoría son madres de familia, también se encuentran Las Rastreadoras de El Fuerte y Tesoros Perdidos, en Mazatlán.
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“La sociedad debe despertar, es un problema a nivel nacional, México es una gran fosa clandestina”, concluye la activista, quien cuenta con mecanismos de protección del gobierno mexicano debido a amenazas de muerte por su labor buscando en territorios controlados por el crimen organizado.
Aun así, desde el punto de vista de Cruz, no parece que el gobierno quiera mejorar la situación, pues hasta la fecha el colectivo realiza las búsquedas y persisten las malas actuaciones que van desde no investigar hasta criminalizar a sus familiares diciéndoles que grupos delictivos los desaparecieron por estar en “malos pasos”.
De hecho, el presupuesto asignado a la Fiscalía General de la República en el primer año de gobierno fue de MXN 16,702 millones (más de USD 885 millones), y ahora, el Congreso le redujo en MXN 1,500 millones para este 2020, lo que implica menos recursos para investigación de delitos federales.
