El Procurador Alejandro Ordóñez pone la cara, pero detrás de él tiene un grupo de funcionarios que le blindan sus decisiones. Son ellos quienes le preparan los documentos que Ordóñez estudia, analiza y vuelve públicos. Todos llegaron con él y algunos comparten sus convicciones religiosas y son seguidores de la iglesia Lefevrista del barrio de La Soledad, en Bogotá. Sólo Fernando Brito, el procurador delegado para la vigilancia administrativa, estaba en la institución antes de la llegada de Ordóñez, el 11 de diciembre de 2008.
1. Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la familia, la adolescencia y la mujer.
El martes 16 de agosto apareció en una sala de la Procuraduría una señora de al menos 55 años de edad, vestida de manera impecable, que atrajo el foco de las cámaras de televisión y la atención de los periodistas. Era Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, quien mostró un informe de 354 páginas donde señalaba presuntas irregularidades en 78 contratos firmados por la actual directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Elvira Forero. Fue implacable al hablar de los niños y la familia y la mala utilización de los alimentos, en especial de la Bienestarina. Anticipó irregularidades en contratos celebrados por el ICBF.
Ilva Myriam Hoyos es el soporte jurídico y su postura es tan radical como el Procurador en temas de moral y comportamiento individual alrededor del aborto, la adopción de parejas gay y todo lo concerniente a la familia. Es una abogada rosarista, doctora en Derecho de la Escuela de Navarra, España, especializada en temas como la dignidad de humana y Derechos Humanos. Ha publicado siete libros donde analiza la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Se opone irrestrictamente al aborto, inclusive en las tres condiciones consagradas y aprobadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-355, que lo autoriza cuando la vida de la madre está en riesgo, existe malformación del feto o cuando la mujer ha sido víctima. Es posible que su cercanía al Vaticano y al Opus Dei influya en muchas de sus decisiones.
2. María Eugenia Carreño, procuradora delegada para la vigilancia de asuntos y la función pública.
María Eugenia Carreño, con trayectoria en derecho administrativo, es una funcionaria de toda la confianza del Procurador, una ferviente seguidora de monseñor Lefevre y asidua asistente a las ceremonias religiosas del fin de semana en la Iglesia del barrio de La Soledad. Se conoció públicamente cuando leyó, en un hecho inédito en la historia de la Procuraduría, la sanción que destituyó e inhabilitó por 10 años al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, por participación en política en favor de la campaña de Andrés Felipe Arias.
Carreño ha preparado otras decisiones disciplinarias fuertes como la que ordenó la destitución e inhabilidad por 10 años al alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por la celebración indebida de contratos. Vigila a los funcionarios públicos en todos los escenarios, desde la licitación de la construcción de la malla vial de la Ruta del Sol y la compra de un satélite colombiano, hasta la adjudicación del tercer canal que llevó a la comisión Nacional de televisión a revocar la licitación para el tercer canal de televisión. Decidió también, y manera sorprendente, enviar una comisión de doce funcionarios de la Procuraduría a realizar una visita al estadio Pascual Guerrero de Cali, para asegurarse de las condiciones en las que se realizaría el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Esto con el fin de evitar daños en las instalaciones. Obligó al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a comprometerse y decir: “si después del evento la Procuraduría encuentra un daño en el estadio, a mí me destituyen. Esa fue la advertencia que me hicieron”. Así es Maria Eugenia Carreño, una funcionaria que imprime respeto por su carácter y decisión.
3. Juan Carlos Novoa, procurador auxiliar para asuntos disciplinarios.
Es el más joven del círculo íntimo del Procurador. Novoa lo acompaña en audiencias y en casos como el del ‘Carrusel’ de la Contratación de Bogotá. En las manos de Novoa está solicitar que el Consejo Superior de la Judicatura investigue a Carlos Arturo Gómez Pavajeau por violación a la reserva sumarial en el proceso que se adelanta contra el alcalde de Bogotá. Novoa también hizo parte de la comisión que viajó desde Bogotá a Bucaramanga para dar el fallo de la destitución del alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, y en la que también fue sancionada la exsecretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga, Paola Andrea Carvajal, quien intentaba llegar a la alcaldía de esa ciudad. Juan Carlos Novoa solicitó protección especial para la familia del coronel Alfonso Plazas Vega y su familia en el caso del Palacio de Justicia.
4. Carlos Augusto Mesa Díaz, delegado para la descentralización y entidades territoriales.
Carlos Augusto Mesa es uno de los funcionarios más cercanos a los afectos del procurador Ordóñez, fue alcalde de Onzaga, Santander. Lo acompaña a las celebraciones religiosas. Entre las investigaciones más destacadas de Mesa se encuentra la de la celebración indebida de contratos en el pago de subsidios de estratos 1, 2 y 3 en Pailitas (Cesar). Mesa realiza conferencias en las zonas más apartadas del país en sobre el tema de Servicios Públicos domiciliarios y la importancia en el desarrollo social del país. Es el la voz de la regiones y los pequeños municipios en la Procuraduría.
5. Fernando Brito, procurador delegado para la vigilancia administrativa.
Brito es el único del equipo del Procurador que ocupaba el cargo en el Ministerio Público. Nació en Pereira y en el gobierno de César Gaviria se desempeñó como director del DAS. Es abogado de la Universidad Libre y desde el 2001 ha estado en la Procuraduría General de la Nación. Brito fue quien proyectó la destitución por dos años de la curadora cuarta de Bogotá, Nohora Cortés Cuéllar, por la expedición irregular de una licencia para construir una torre del Centro Comercial Unicentro, en la capital del país. Ha dirigido las audiencias del proceso del que al final quedaron exonerados los Exdirectores de la Dian Néstor Díaz y Óscar Franco, investigados por su presunta omisión del cobro de impuestos por más de 36 mil millones al grupo empresarial Nule.
