Es mano derecha del jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, igual o más categórica en posiciones radicales contra el aborto y el matrimonio entre homosexuales. En opinión de Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la infancia y la familia, lo que viene es un caos judicial, a propósito de la celebración de las uniones llamadas igualitarias.
Esta es su explicación:
No se están poniendo en duda los derechos fundamentales de los que son titulares las personas homosexuales ni tampoco las parejas del mismo sexo. Estamos vigilando el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Aquí se plantean varios problemas de carácter jurídico: la Procuraduría no es ajena a la situación que se puede generar de cierto caos jurídico. La Propia Corte Constitucional de manera reiterada, como dice en la propia sentencia, manifiesta que el matrimonio está expresamente previsto para las parejas heterosexuales, que la Constitución define esa unión entre un hombre y una mujer, que se trata de supuestos jurídicos distintos el matrimonio de los vínculos, el vínculo que se pueda establecer respecto a personas del mismo sexo.
En este sentido, una de las recomendaciones (no es la única que hace la Procuraduría) es que la actuación que realicen jueces y notarios, no es la misma que se aplica a disposiciones relativas al matrimonio. El matrimonio legal y constitucionalmente está reservado a un hombre y una mujer. En este sentido la procuraduría estima que los jueces y notarios deben formalizar y solemnizar ese vínculo a través de un contrato innominado, pero no darle la categoría ni establecer extensivamente la legislación relativa al matrimonio para las uniones del mismo sexo.
En igual forma la Procuraduría estima y recomienda, con respeto por la autonomía judicial y administrativa de los jueces y notarios, que si un juez o un notario considera que al solemnizar o formalizar esa unión afecta, se enfrenta a actuar en contra de su conciencia, podría hacer uso del derecho fundamental de la objeción de consciencia reconocido en el artículo 18 constitucional.
¿Y por qué lo plantea la Procuraduría?
Porque los servidores públicos, con independencia de que lo sean, siguen teniendo derechos fundamentales. Y el derecho de la libertad de conciencia es reconocido de manera expresa, a través de la expresión “nadie” y en el nadie caben también los servidores públicos. En ese sentido la Procuraduría y la circular del Ministerio Público recomienda a los jueces y los notarios, que por un lado suscriban ese vínculo jurídico, pero no dándole la categoría de matrimonio. Y por otro lado si alguien se siente afectado, violentado en su conciencia, que haga uso de ese derecho fundamental…
¿El documento que convinieron los notarios no resuelve todos los vacíos jurídicos?
Van a plantearse muchos problemas. La Corte Constitucional no habló de que ese vínculo jurídico formal debía ser el matrimonio. Incluso, de manera expresa manifestó que no cabía la analogía. Por lo tanto, mal puede decir la Procuraduría en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales que las parejas del mismo sexo pueden acudir ante jueces y notarios para que celebren matrimonios. Eso iría en contravía de lo decidido por la Corte Constitucional.
Dificultades se van a presentar de varios tipos. Como es un contrato que no está regulado legalmente, cuáles son los requisitos, se disuelve o no, cómo surge un estado civil o no, eso no es competencia ni siquiera de la corte Constitucional. Y la Corte lo reconoció en su sentencia, exhortando al Congreso para que legislara y éste lo hizo negativamente.
Hay un problema jurídico evidente que va a exigir que se establezca una legislación en la cual se regule esta nueva institución jurídica que no es asimilable al matrimonio.
¿Usted está previendo un caos judicial o la Procuraduría está contribuyendo a ese caos?
Nosotros estamos tratando de hacer claridad, precisar sobre la sentencia. Podemos estar o no de acuerdo, pero en este momento estamos defendiendo la sentencia de la Corte Constitucional en sus límites.
La propia Corte reconoce que esta institución, esta nueva institución tiene límites y en ese sentido la Procuraduría está advirtiendo que se va a presentar un caos administrativo y judicial en relación con la orden y las interpretaciones que surgen de la sentencia en referencia.
