Un ataque de las Farc que resultó en tragedia para unos mariachis le costó 1.300 millones de pesos a la nación. El Consejo de Estado condenó a la Policía a pagar esa suma de dinero a las víctimas de una incursión guerrillera hace catorce años.
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Los hechos se registraron el 20 de febrero de 2002 en el corregimiento de Aguas Blancas, del municipio de Valledupar en el Cesar, cuando las Farc atacaron una base militar. El ataque se perpetró en inmediaciones de una carretera por donde se desplazaba un grupo de mariachis en una camioneta, la mayoría de los cuales resultaron heridos.
De igual manera, en el ataque resultó muerta una señora y una menor de edad que se encontraban en una casa cercana a la base militar. Los mariachis heridos decidieron demandar al Estado por los daños que recibieron en el ataque, cuando se desplazaban a ofrecer una serenata.
La defensa de los músicos argumentó que hubo una falla en la prestación de seguridad que debió haber prestado la fuerza pública en el sector, teniendo en cuenta que ese ataque de las Farc ya había sido anunciado con anterioridad.
Sin embargo, en su defensa, la Policía afirmó que el “atentado terrorista no fue selectivo, sino que la acción subversiva se realizó de una manera indiscriminada”, hecho que hacía casi imposible defender a la población civil.
En primera instancia el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda al considerar que el daño fue causado por un tercero, en este caso las Farc, que atacó con fines delincuenciales y para generar desequilibrio social en la población.
Además ese tribunal indicó que la fuerza pública repelió el ataque sorpresa en condiciones desfavorables debido a que se desconocía el número de subversivos que utilizaban armas no convencionales.
No obstante, la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, revocó el fallo de primera instancia por considerar que el deber del Estado es proteger a la población civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con “medios adecuados y estrategias efectivas”.
En caso de que esto no sea posible, explicó el alto tribunal, debe reparar los derechos e intereses afectados, pues “las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y, en general, excluidas de la confrontación”.
La sentencia señala que la Policía conocía el riesgo que enfrentaba dicha población, pues ya se había registrado un hostigamiento a la localidad en 1996. Sin embargo, el diseño del plan de defensa para la subestación de Policía del sector solo se hizo con posterioridad al ataque ocurrido en el año 2002.
“Este aspecto extraña profundamente a la Sala, pues las autoridades desconocieron el primer ataque y omitieron poner en funcionamiento todas las herramientas necesarias para la protección de la población y de sus mismos agentes”, señala la decisión.
El fallo obliga al pago de más de 1.300 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
Además ese tribunal indicó que la fuerza pública repelió el ataque sorpresa en condiciones desfavorables debido a que se desconocía el número de subversivos que utilizaban armas no convencionales.
No obstante, la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, revocó el fallo de primera instancia por considerar que el deber del Estado es proteger a la población civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con “medios adecuados y estrategias efectivas”.
En caso de que esto no sea posible, explicó el alto tribunal, debe reparar los derechos e intereses afectados, pues “las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y, en general, excluidas de la confrontación”.
La sentencia señala que la Policía conocía el riesgo que enfrentaba dicha población, pues ya se había registrado un hostigamiento a la localidad en 1996. Sin embargo, el diseño del plan de defensa para la subestación de Policía del sector solo se hizo con posterioridad al ataque ocurrido en el año 2002.
“Este aspecto extraña profundamente a la Sala, pues las autoridades desconocieron el primer ataque y omitieron poner en funcionamiento todas las herramientas necesarias para la protección de la población y de sus mismos agentes”, señala la decisión.
El fallo obliga al pago de más de 1.300 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
