Lo que comenzó como una jornada festiva organizada por miembros de la comunidad indígena Emberá en inmediaciones del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera este fin de semana, terminó en una escena de alerta humanitaria. Autoridades distritales hallaron a varios menores en estado de alicoramiento y sin acompañamiento adulto, en medio del consumo desmedido de licor y aglomeraciones dentro del asentamiento.
Según confirmó la Secretaría de Integración Social, el operativo de emergencia se activó luego de recibir reportes sobre una fiesta que se desarrollaba dentro del parque, donde se encontraban presentes decenas de niños. Equipos de atención constataron que varios de ellos estaban ingiriendo restos de bebidas alcohólicas y deambulaban sin supervisión, lo que llevó a activar protocolos de protección inmediata.
“El hallazgo de menores en situación de abandono, bajo los efectos del alcohol y expuestos a riesgos inminentes, representa una vulneración grave a sus derechos. No podemos permitir que la fiesta o cualquier actividad comunitaria justifique este tipo de negligencia”, señaló una fuente de la Alcaldía Mayor.
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Pese al despliegue institucional, el traslado de los menores a los Centros Amar, conocido como los espacios de cuidado temporal ofrecidos por el Distrito, fue impedido por miembros de la guardia indígena, quienes bloquearon el ingreso de los funcionarios y bajaron a los niños de los buses que estaban dispuestos para el operativo. Solo una persona adulta fue conducida al Centro de Traslado por Protección.
¿Qué medidas tomaron las autoridades?
La situación derivó en la apertura de 12 denuncias formales ante la Fiscalía, por presuntos delitos como maltrato infantil, negligencia, violencia intrafamiliar y constreñimiento ilegal. A esto se sumó el bloqueo temporal de la Carrera Séptima, en inmediaciones del parque, lo que habría ocasionado un accidente de tránsito en el que falleció un motociclista tras chocar con una valla instalada por la comunidad.
Desde mayo, cerca de 800 indígenas Emberá, incluidos más de 350 menores de edad, permanecen en campamentos improvisados en la zona. Aunque el Distrito ha intentado ofrecer soluciones de reubicación y atención, los desacuerdos con los líderes de la comunidad han impedido avances concretos.
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La administración distrital recordó que no existe jurisdicción indígena sobre espacios públicos como el Parque Nacional y reiteró que la protección de los niños es una prioridad constitucional que debe prevalecer por encima de cualquier consideración cultural o política.
“Las autoridades tienen la obligación de actuar frente a cualquier amenaza contra la niñez. Lo ocurrido el fin de semana en el Parque Nacional es inaceptable y requiere una respuesta contundente del Estado”, agregó la misma fuente oficial.
Las investigaciones siguen en curso y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores involucrados.
