Viajar en TransMilenio es una experiencia cotidiana para millones de bogotanos. Entre filas interminables, estaciones abarrotadas y buses llenos, los usuarios deben cumplir con normas de convivencia que garantizan la seguridad y el respeto en el sistema. Una de ellas, aunque poco conocida, es la prohibición de consumir bebidas alcohólicas dentro de los articulados y estaciones, una conducta que puede generar considerables multas.
¿Qué dice la ley?
El Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), en su artículo 140, numeral 7, establece de manera expresa que ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos es una conducta prohibida. TransMilenio, al ser un sistema de transporte masivo de carácter público, entra en esta categoría.
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En 2025, la sanción por incumplir esta norma equivale a cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que corresponde a $109.447 COP. Esta suma, que puede parecer elevada para algunos, busca disuadir el consumo de licor en espacios donde la convivencia es clave para el funcionamiento colectivo.
La misma normativa también prohíbe fumar dentro del sistema, ingerir alimentos en buses y estaciones, o ingresar en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Cada una de estas restricciones apunta a proteger la integridad de los pasajeros y evitar incidentes que alteren el servicio.
Alternativa pedagógica
El componente sancionatorio no es el único enfoque de la ley. Existe una alternativa pedagógica para quienes sean sorprendidos infringiendo la norma: el infractor puede reducir la multa en un 50 %, quedando en $54.723 COP, si asiste a un curso de convivencia ciudadana.
Este mecanismo busca no solo castigar la conducta, sino también generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas en el transporte público.
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Más allá del dinero, la restricción cumple un objetivo central: garantizar viajes más seguros y tranquilos para todos. Consumir licor dentro del sistema puede derivar en confrontaciones entre pasajeros, retrasos en la operación e incluso en la intervención de la Policía Metropolitana.
Si bien cumplir las normas evita sanciones económicas, también contribuye a que el transporte público sea un espacio de respeto, convivencia y seguridad para todos.
