La Fiscalía General de la Nación reveló este 24 de septiembre detalles sobre un caso que ha generado gran conmoción en el país: la captura de tres personas —dos militares activos y una mujer que se hacía pasar por oficial del Ejército— que lograron infiltrarse en 36 ocasiones al Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (Bafur 5), unidad clave para la seguridad presidencial.
Los detenidos fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien se hacía pasar por capitán. Según la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, accedieron a información clasificada relacionada con operaciones de inteligencia y, de manera particular, con la protección del presidente Gustavo Petro.
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La captura y los delitos imputados
Los operativos conjuntos entre la Policía Nacional y el Ejército se llevaron a cabo en la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar No. 3, todos en Bogotá. Tras su detención, los implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal. Ninguno aceptó los cargos, por lo que el ente acusador insistirá en la necesidad de que permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
Cómo operaba la red de infiltrados
De acuerdo con el ente investigador, el mayor Jiménez aprovechó su posición de mando en el Bafur 5 para autorizar el ingreso de la falsa oficial a instalaciones militares y reuniones de alto nivel.
La mujer, identificada como Luisa Fernanda Salgado, se hizo pasar por capitán y asumió funciones exclusivas de oficiales: participó en 36 reuniones interinstitucionales, asistió a operaciones de inteligencia y accedió a información reservada, secreta y ultrasecreta.
Dentro de los datos filtrados estaban planes de allanamientos, imágenes aéreas, esquemas de seguridad de altos dignatarios y detalles de investigaciones en curso contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
Por su parte, el sargento Padilla habría facilitado el ingreso y la interacción de Salgado con otros uniformados, además de proporcionarle detalles logísticos sobre el uso de drones y equipos de comunicaciones en las misiones. Según la Fiscalía, esta cooperación permitió que documentos y reportes oficiales terminaran en manos no autorizadas, induciendo incluso a error a fiscales y jueces que creyeron que la información provenía de fuentes legítimas.
Detalles de la investigación: reuniones y operaciones infiltradas
La Fiscalía reveló que Salgado no solo estuvo presente en encuentros de rutina, sino que accedió a escenarios estratégicos de coordinación interinstitucional.
Entre los eventos destacados se encuentran:
- Reunión de coordinación entre el Gaula y el Bafur 5, en la que se discutieron actividades de inteligencia contra la extorsión y el secuestro en Bogotá y Cundinamarca.
- Un encuentro en el Batallón de Policía Militar No. 15 (Cantón Norte) con participación de la Policía Militar y la Fiscalía.
- Una reunión celebrada el 27 de febrero de 2025, en la que participaron el Bafur 5, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Secretaría Distrital de Seguridad.
- Otro encuentro, también en el Cantón Norte, con presencia del Batallón de Contrainteligencia No. 01, la Unipol y la Policía Nacional, donde se trataron temas de fronteras y operaciones urbanas.
Además, se determinó que Salgado participó en allanamientos y registros en la localidad de Usme, sector El Refugio, junto al Ejército y el CTI de la Fiscalía. También presentó información falsa como si fuese oficial, la cual llegó a ser incorporada en reportes formales de la Policía Nacional. Esa maniobra permitió la radicación de solicitudes de allanamiento a inmuebles en Los Mártires, barrio La Sabana, donde incluso participó en las diligencias.
El expediente describe otro hecho grave: una actividad en la Escuela de Caballería, donde Salgado, haciéndose pasar por capitán, convocó a un polígono con armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. A ese evento asistieron fiscales, asistentes judiciales, familiares e incluso menores de edad allegados a la falsa oficial.
Con estos hallazgos, la Fiscalía concluyó que Jiménez y Padilla no solo avalaron la presencia de Salgado en escenarios de inteligencia y seguridad nacional, sino que facilitaron la filtración de información clasificada.
La hipótesis de la Fiscalía
Aunque los infiltrados llegaron hasta el tercer anillo de seguridad del presidente Petro, los investigadores sostienen que no existía una intención directa de atentar contra su vida. La hipótesis principal es que la red buscaba información privilegiada para usarla en operativos contra el Tren de Aragua y otras bandas criminales, con el fin de apropiarse de bienes incautados durante los allanamientos.
En este sentido, la infiltración no solo puso en riesgo la seguridad nacional, sino que también abrió la puerta a posibles actos de corrupción dentro de las Fuerzas Militares.
Declaraciones oficiales
El director contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, Nelson Andrés Escobar López, confirmó que la mujer logró acceder a reuniones de inteligencia que tenían como objetivo operaciones contra el Tren de Aragua.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, aclaró que los capturados no formaban parte del círculo más cercano de seguridad presidencial, aunque sí estaban vinculados a operativos relacionados con la protección perimetral de la Presidencia.
“No hubo riesgo directo para el presidente Petro, pero sí se encontraron graves irregularidades que rompieron los protocolos de seguridad”, aseguró el funcionario.
Lo que sigue en la investigación
La Fiscalía busca establecer qué hizo Salgado Fernández con la información obtenida, a qué estructura criminal podría pertenecer y quién dio las órdenes para infiltrar el tercer anillo de seguridad presidencial. Esta se considera la segunda fase de la investigación, que podría revelar una red más amplia de complicidades.
Además, se indaga si parte del material filtrado fue usado para favorecer a organizaciones criminales o si se comercializó en beneficio propio. El caso ha puesto en alerta a las autoridades sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad, especialmente en unidades encargadas de proteger a altos funcionarios del Estado.
