La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió suspender los efectos del Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026, expedido por el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia económica declarado en diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro. La decisión se adoptó luego de que, el pasado 29 de enero, el alto tribunal suspendiera de manera provisional el denominado “decreto madre”, el Decreto 1390 de 2025, que dio origen a la emergencia.
El decreto suspendido establecía nuevos cobros a las empresas generadoras de energía eléctrica con el propósito de contribuir a la sostenibilidad financiera de Air-e, compañía intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde hace cerca de un año y medio. Se trataba del tercer decreto legislativo emitido bajo el amparo de la emergencia económica, razón por la cual la Corte consideró que no podía seguir produciendo efectos mientras no exista una decisión definitiva sobre la constitucionalidad del estado de excepción.
En su pronunciamiento, la Corte fue clara en señalar que, como consecuencia de lo resuelto en el Auto 082 del 29 de enero de 2026, el Decreto 0044 “no producirá efectos, a partir de la fecha”, hasta tanto la Sala Plena adopte una decisión de fondo sobre su validez constitucional. Esto implica que ninguna de sus disposiciones podrá ser ejecutada ni aplicada por las autoridades mientras avanza el control judicial.
La determinación fue adoptada por una mayoría de seis votos contra dos. A favor de la suspensión se pronunciaron los magistrados Carlos Camargo, Lina Escobar, Paola Meneses, Miguel Polo, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés. En contra votaron Vladimir Fernández, ponente del decreto, y Héctor Alfonso Carvajal, quienes además presentaron salvamento de voto al apartarse de la decisión mayoritaria.
¿Qué establecía el decreto suspendido?
El Decreto 0044 de 2026 hacía parte del paquete de medidas diseñadas por el Ministerio de Minas y Energía para trasladar recursos desde las empresas generadoras con mayores niveles de rentabilidad hacia aquellas que enfrentan un deterioro financiero severo. Según el Gobierno, el objetivo era garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica y evitar la quiebra de empresas en riesgo, especialmente Air-e.
La norma creaba dos nuevas figuras económicas. La primera era una contribución parafiscal del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos de las empresas generadoras, recursos que serían destinados al Fondo Empresarial. La segunda consistía en una contraprestación tributaria transitoria para los generadores hidráulicos que participan en el Mercado de Energía Mayorista, quienes debían entregar un porcentaje de la energía vendida en bolsa a cambio de un descuento en el impuesto de renta.
Reparos del sector y efectos económicos
Desde su expedición, el decreto generó fuertes críticas del sector eléctrico. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) expresó una “profunda preocupación” por considerar que las medidas alteraban de forma intempestiva el marco jurídico vigente y comprometían la estabilidad financiera del sistema.
Su presidente, Alejandro Castañeda, calificó el decreto como “confiscatorio” y advirtió que presentaba serios vicios de ilegalidad, al trasladar a los generadores la carga de asumir deudas que no les corresponden. Según Andeg, solo la contribución parafiscal tendría un recaudo cercano a los $300.000 millones.
El gremio también alertó que los generadores, especialmente las plantas térmicas, mantienen cuentas por cobrar a Air-e por cerca de $1,2 billones, además de otros $500.000 millones dentro de la cadena eléctrica. En ese contexto, señalaron que el decreto obligaba a financiar deudas pendientes, elevando el riesgo sistémico, desincentivando la inversión y afectando la confianza en las reglas del sector.
