Este 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió a favor de una tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y dejó sin efecto la orden de detención inmediata dictada por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá el pasado 1° de agosto. La decisión, conocida en primicia, implica que Uribe recupera su libertad mientras se define el recurso de apelación en curso contra la sentencia de primera instancia.
La Sala Penal, con ponencia del magistrado Leonel Rogeles Moreno, determinó que la orden de detención vulneraba derechos fundamentales como la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso. En consecuencia, ordenó al juzgado accionado expedir de inmediato la boleta de libertad dentro del radicado 1100160001022020-00276-00, lo que devuelve al exmandatario a su domicilio sin que ello signifique el cierre del proceso judicial.
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¿A qué se debe la decisión?
El fallo del 1° de agosto absolvió a Uribe de algunos cargos, pero lo condenó a 144 meses de prisión, una multa de 2.420 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por más de 100 meses. La juez le concedió prisión domiciliaria, pero simultáneamente ordenó su ejecución inmediata, lo que suponía la pérdida inmediata de su libertad pese a que la condena no estaba en firme. Esa determinación fue apelada por la defensa y también cuestionada vía tutela.
La defensa argumentó que la privación anticipada de la libertad configuraba un “populismo punitivo” que desconocía garantías básicas, pues se justificaba en razones ambiguas como la “percepción ciudadana” y la necesidad de dar un mensaje ejemplarizante. También señaló que durante los siete años de investigación Uribe siempre compareció a los llamados de la justicia, incluso tras su detención preventiva de 2020, lo que descartaría riesgos de fuga.
El Tribunal recogió estos planteamientos y consideró que la medida carecía de motivación suficiente. Subrayó que no existían elementos objetivos que justificaran una restricción inmediata de la libertad, ya que el proceso se encuentra en trámite de apelación y la sentencia aún no es definitiva.
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Alcance del fallo
Expertos legales explican que la tutela es un mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales, pero no implica el cierre del caso. La investigación por presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal sigue su curso, y la Sala Penal del mismo Tribunal deberá resolver la apelación en segunda instancia. En esa etapa, podría confirmarse o revocarse la condena, e incluso disponerse nuevamente la captura.
La decisión también acumuló otras tutelas presentadas por ciudadanos y dirigentes políticos cercanos al expresidente, pero estas fueron declaradas improcedentes al no acreditar afectaciones directas a sus derechos.
La resolución marca un nuevo episodio en la compleja relación entre Uribe y la justicia. Desde su salida de la Presidencia en 2010, el líder del Centro Democrático ha enfrentado varios procesos que han polarizado la opinión pública y puesto a prueba la independencia judicial.
