La reparación a las víctimas del conflicto armado enfrenta un escenario crítico por los incumplimientos de las FARC en la entrega de bienes comprometidos en el Acuerdo de Paz, una situación que, sumada a la falta de recursos, pone en riesgo el cumplimiento de las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Así lo advirtió la Contraloría General de la República, que en seguimiento especial a los compromisos del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las FARC, así como a las recientes decisiones judiciales de la JEP, identificó incumplimientos en la entrega de bienes para reparar, falta de monetización y un déficit financiero que compromete la ejecución de las órdenes reparadoras .
Bienes comprometidos que no se materializaron
El informe del ente de control es claro: los bienes entregados por las FARC al Estado difieren sustancialmente de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la efectividad del principio de verdad, justicia y reparación y sobre la capacidad real del sistema para responder a las víctimas .
En términos concretos, la Contraloría estableció que solo fueron monetizados USD 448.500, y que incluso USD 1.500 resultaron ser falsos, una situación que evidencia las limitaciones de los recursos efectivamente disponibles para cumplir con la reparación ordenada por la justicia transicional .
Sentencias con alto riesgo de incumplimiento
Las dos primeras sentencias de la JEP (TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y No.002 de 2025) incluyen un componente restaurativo y reparador que, según el cálculo estimativo de la propia jurisdicción, requiere $121.858 millones de pesos. Sin embargo, para la vigencia 2026 solo hay disponibles $20.000 millones, lo que deja un faltante de $101.858 millones, sin contar las sentencias que puedan producirse posteriormente .
La Contraloría advirtió que, aunque las sentencias identifican con precisión a las entidades públicas responsables de garantizar su implementación, no existen recursos presupuestados para cumplirlas en 2026, lo que limita de forma grave su ejecución.
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Riesgo para los derechos de las víctimas
El organismo de control fue enfático en señalar que estos incumplimientos, tanto en la entrega y monetización de bienes como en la provisión de recursos, ponen en riesgo el derecho a la reparación de las víctimas y pueden comprometer la responsabilidad del Estado colombiano frente a sus obligaciones nacionales e internacionales .
En ese contexto, la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por las FARC agrava la fragilidad financiera del sistema y profundiza la incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición.
Una reparación en suspenso
El informe de la Contraloría deja en evidencia que la reparación prometida a las víctimas quedó atada a bienes que no fueron entregados en su totalidad, no pudieron monetizarse o resultaron insuficientes, mientras el Estado no cuenta con los recursos necesarios para suplir ese vacío.
El resultado es una justicia transicional con sentencias vigentes, pero con una reparación que, por ahora, no tiene respaldo financiero suficiente, dejando a las víctimas nuevamente en espera.
