La firma Víctor Mosquera Marín Abogados emitió un comunicado oficial en el que dio a conocer su posición frente a la decisión de La Fiscalía General de la Nación, ente que retiró la solicitud de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con el documento difundido, el despacho jurídico manifestó su preocupación por el retiro de la imputación previamente anunciada por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión, según se explicó, genera inquietud entre las víctimas y los intervinientes del proceso, pues se esperaba que el caso avanzara hacia una etapa formal de acusación.
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Respeto por el estricto derecho
Pese a la inquietud expresada, la firma aclaró que comprende las razones jurídicas que pudieron motivar dicha determinación. En ese sentido, señaló que el retiro de la imputación podría obedecer a la necesidad de preservar la prevalencia del estricto derecho, con el propósito de evitar eventuales errores procesales o nulidades futuras que terminen afectando la solidez de la investigación.
Para los abogados, resulta fundamental que cualquier actuación dentro del proceso penal se realice con pleno apego a las normas legales vigentes, garantizando que las decisiones adoptadas sean firmes, coherentes y debidamente sustentadas.
El comunicado también destacó la importancia de la coordinación entre las distintas instancias encargadas del caso. En particular, la firma expresó su confianza en que se logre una articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales designado para apoyar la investigación y la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá.
Según el pronunciamiento, esta cooperación resulta clave para que el proceso continúe avanzando de manera organizada y con una línea investigativa clara, evitando dilaciones innecesarias y fortaleciendo el trabajo de recolección y análisis de pruebas.
Respaldo a la fiscal a cargo del caso
Uno de los puntos centrales del mensaje fue el respaldo explícito a la labor de la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, funcionaria que ha estado al frente de la investigación desde su inicio. La firma reconoció que la fiscal ha desarrollado su trabajo con profesionalismo y rigurosidad, basándose en los elementos materiales probatorios que han sido recaudados dentro del expediente.
En ese sentido, reiteró su apoyo a la gestión adelantada por este despacho y resaltó que las actuaciones realizadas hasta el momento se han llevado a cabo dentro del marco legal y con criterios técnicos sólidos.
De igual forma, Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó su confianza en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para apoyar el esclarecimiento de los hechos investigados. Para la firma, este equipo cuenta con las competencias necesarias para aportar elementos determinantes que permitan llegar a la verdad de lo ocurrido.
El despacho jurídico subrayó que el trabajo conjunto entre la Fiscalía y este grupo especializado debe mantenerse como una prioridad, con el fin de garantizar un proceso transparente y eficaz.
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Finalmente, la firma hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que, en el corto plazo, se establezca una nueva fecha para la formulación de imputación contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros.
Según el comunicado, es fundamental que se garantice la coherencia y continuidad investigativa, así como el pleno respeto por los derechos de las víctimas, quienes esperan que la justicia avance sin retrasos y con resultados claros.
Con este pronunciamiento público, la firma reafirmó su compromiso con el seguimiento del proceso y con la defensa de las garantías legales, confiando en que las autoridades actuarán con diligencia para el esclarecimiento integral de los hechos y la correcta aplicación de la ley.
