Un exmilitar y tres expolicías colombianos fueron condenados a 50 años y ocho meses de prisión por el Tribunal Superior de Neiva por la desaparición forzada y el homicidio de un campesino, en hechos ocurridos en 2009 en el departamento del Huila (suroeste), informó este sábado la Fiscalía.
La decisión judicial también incluye a un civil, hallado responsable junto con los exuniformados, luego de que se revocara un fallo absolutorio de primera instancia tras un recurso de apelación presentado por la Fiscalía.
Los condenados son el suboficial en retiro del Ejército Carlos Hernán Rodríguez Vera; el subteniente (r) Andrés Felipe Vera Escobar; el subintendente (r) Juan Pablo Ocampo Cardona; el patrullero (r) Nelson Humberto Murillo Morales, adscritos en su momento a la estación de Policía de Pitalito, Huila; y el civil Gilberto Sevilla Marín, alias Morocho.
El Tribunal los declaró responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio.
Cómo ocurrieron los hechos
Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2009, cuando unidades de la Policía detuvieron una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y dos menores de edad, según la investigación.
Después, dos hombres que se identificaron como integrantes del Ejército asumieron el control del procedimiento.
Los uniformados retuvieron a uno de los ocupantes del vehículo, a quien señalaron, sin pruebas, de ser colaborador de un grupo armado ilegal con presencia en la región. Luego lo obligaron a subir a otro automotor y lo trasladaron a un lugar desconocido.
Días después, el cuerpo de la víctima fue hallado en el río Magdalena, en jurisdicción del municipio de Oporapa, también en Huila.
El alcance de la condena
En Colombia, las condenas de la justicia ordinaria contra exintegrantes de la fuerza pública por violaciones a los derechos humanos pueden alcanzar varias décadas de prisión.
Por su parte, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC, se contemplan sanciones propias de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes reconozcan responsabilidad y aporten verdad, incluidos militares y exmilitares que se sometan a ese órgano judicial. EFE
