Claudia Carrasquilla es hoy concejal de Medellín por el Centro Democrático, pero su trayectoria pública está profundamente marcada por su paso como Delegada contra el Crimen Organizado en la Fiscalía General de la Nación, uno de los cargos más delicados y estratégicos en la lucha contra el delito organizado en Colombia. En ese rol tuvo a su cargo la responsabilidad de dirigir investigaciones complejas contra redes criminales que afectan no solo la seguridad, sino la convivencia misma de millones de ciudadanos. Su labor en teoría debía ser sinónimo de justicia, rigor y compromiso con la legalidad. Sin embargo, las recientes denuncias en su contra abren una brecha inquietante que cuestiona no solo su integridad personal, sino también el sistema judicial que ella representó.
El pasado 24 de junio, a través de RTVC Noticias, se hicieron públicas unas declaraciones reveladoras de alias “Douglas”, reconocido líder de una estructura criminal, quien acusó a la exfiscal de haber participado en un preacuerdo con el entonces secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas con el fin de impedir que se comprometiera judicialmente a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín en 2016-2020. Además, junto con alias “Pesebre”, señalaron públicamente que apoyaron la campaña de Federico Gutiérrez en las elecciones, revelando que sostuvieron reuniones clandestinas en el sótano del Centro Administrativo La Alpujarra, donde afirmaron se coordinaban asuntos de interés mutuo.
Pero estas no son las únicas acusaciones que pesan sobre su nombre, pues en 2022 la exfiscal fue denunciada por presuntamente haber montado un cartel para mejorar artificialmente los índices de capturas entre 2016 y 2018 en Medellin, curiosamente durante la primera administración del alcalde Federico Gutiérrez. Dicha denuncia apuntaba a una supuesta manipulación de procesos judiciales y resultados operativos con fines políticos e incluso utilizar testigos falsos durante su ejercicio como funcionaria de la Fiscalía.
Estas acusaciones, si se comprueban, representan una traición profunda a la función pública y a la justicia colombiana, pues quien debió ser garante de la ley presuntamente negoció con delincuentes, facilitó la impunidad y manipuló procesos judiciales. No solo habría cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, sino que además habría causado un daño irreversible al Estado de derecho.
Lastimosamente, este caso desnuda un modelo de poder que aprovecha las debilidades institucionales para construir impunidad, Medellín que durante años fue presentada como ejemplo en seguridad, hoy enfrenta una verdad incómoda, la posible existencia de pactos oscuros entre funcionarios públicos y el crimen organizado, siendo ironico que al día de hoy Carrasquilla ostente una Curul en el Concejo de Medellín.
Hago un llamado contundente a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con la urgencia y rigurosidad que el caso amerita. Es indispensable que se inicie una investigación formal, pública y sin excepciones contra Claudia Carrasquilla y todos los presuntos implicados para determinar si utilizó su cargo para favorecer intereses criminales y políticos. La corrupción no puede seguir gobernando, la permanencia del cambio es imperativo.
