Mientras la Alcaldía de Bogotá impulsa la transformación de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) en una “TechCo”, el debate sobre su futuro se intensifica. Detrás del discurso de modernización, crece la preocupación por un proceso de desmantelamiento institucional que amenaza con despojar a la ETB de su función pública, debilitar su infraestructura estratégica y abrir la puerta a su eventual liquidación.
Este artículo, basado en nuestro reciente debate de control político, se propone analizar a fondo la naturaleza, motivaciones y consecuencias del proceso de transformación que atraviesa la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), una de las entidades públicas más antiguas y emblemáticas del país. Fundada hace más de 140 años, la ETB ha desempeñado históricamente un papel central en el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones de la capital, garantizando acceso a servicios esenciales y conectividad para sectores amplios de la población. En la actualidad, sin embargo, enfrenta una redefinición estratégica impulsada por la Administración distrital, que busca reconvertirla en una "TechCo" una empresa enfocada en proveer servicios digitales. Esta propuesta, presentada como una actualización tecnológica, encierra en realidad una transformación radical de su naturaleza jurídica, su modelo operativo, su función pública y su viabilidad institucional.
Comencemos por aclarar los conceptos: una TechCo es una empresa centrada en el desarrollo y comercialización de soluciones digitales como plataformas en la nube, inteligencia artificial o servicios de datos, operando con modelos escalables, tercerización intensiva y sin infraestructura física propia. En contraste, una TelCo, como la ETB en su forma tradicional, es un operador de servicios públicos de telecomunicaciones que presta directamente internet, telefonía y televisión mediante redes propias y bajo regulación estatal. Mientras la TechCo busca rentabilidad mediante innovación digital, la TelCo cumple una función social al garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales; por eso, transformar una TelCo pública en una TechCo implica un giro radical en su naturaleza, propósito y responsabilidad con la ciudadanía. Esta renovada transformación apunta a la privatización de la empresa y es la continuidad de las políticas neoliberales que buscan el detrimento de lo público para fortalecer lo privado, ya se vivió desde la venta de acciones propuesta por Peñalosa y con el arrendamiento de la infraestructura propia impulsada por Claudia López.
La consecuencia: el abandono de nuestros activos y prescindir de los actuales trabajadores
Tal como hemos evidenciado en otros debates, una de las contradicciones más evidentes de esta reconversión es el tratamiento que se le ha dado a la infraestructura construida con recursos públicos: desde el año 2013, la ETB ha realizado una de las inversiones más ambiciosas en infraestructura digital en el país, destinando más de $1,8 billones a la construcción de una red de fibra óptica que cubre a más de 2,1 millones de hogares en Bogotá, esta red no solo representa una ventaja técnica y operativa significativa frente a los operadores privados, sino que ha sido una herramienta clave para reducir la brecha digital en sectores populares.
Así, esta red no solo ha servido para la prestación directa de servicios de internet, telefonía fija, televisión e interconexión corporativa, sino que se ha convertido en un activo que otros operadores —nacionales e internacionales— han reconocido y utilizado. Compañías como Tigo, Movistar, Internexa, Azteca y Ufinet actualmente arriendan partes de esta infraestructura para prestar sus propios servicios, lo cual no solo demuestra la robustez de la red, sino que posiciona a la ETB como un proveedor de referencia en el ecosistema digital del país.
Abandonar la prestación directa de servicios sobre la red propia no solo implica desperdiciar las inversiones ya realizadas —económicas, técnicas y humanas—, sino que transforma a la ETB en una empresa dependiente de alianzas estratégicas privadas, reduciendo su capacidad de incidir en la política de conectividad, fragmentando su operación, y subordinando su misión pública a la lógica de rentabilidad y a la temporalidad del mercado. A esto se suma un preocupante vacío institucional: la Oficina Consejería Distrital de TIC, que debería ser la instancia de orientación estratégica en el ecosistema digital, ha declarado no tener competencia sobre esta transformación, esto quiere decir que vamos a la deriva.
Pero, además, es preocupante cómo esta transformación va a terminar afectando a las y los trabajadores de la ETB, pues ya no se requerirá a aquellos funcionarios cuya profesionalización tiene que ver con el tema de la prestación de los servicios tradicionales de telecomunicaciones, por el contrario, será necesario reestructurar las necesidades de la entidad y pasar a requerir a aquellas personas que sean expertas en el uso de las plataformas digitales. Las y los trabajadores de la ETB han denunciado que la nueva junta directiva y el nuevo presidente durante este año les han ofrecido de manera insistente planes de retiro voluntario, bajo la excusa de la crisis financiera que presenta la entidad, una crisis financiera que las administraciones de turno han provocado de manera intencional.
Y después de la reconversión, la liquidación…
Ya es preocupante que esta transformación sea una iniciativa unilateral de la administración de la empresa, sin que se discuta en el Concejo de la ciudad como debería puesto que el principal accionista de la ETB es el Distrito Capital. En consecuencia, cualquier modificación estructural que implique una transformación del objeto social o del modelo de negocio debe ser aprobada por el Concejo de Bogotá, ya que este órgano es el que autoriza y controla el uso de los recursos públicos y define la orientación estratégica de las entidades del nivel central.
Pero es aún más alarmante que la nueva junta ha nombrado de manera constante la posibilidad de aplicar la ley de insolvencia en la entidad. Recordemos que las empresas de servicios públicos (ESP) no pueden acceder al régimen de insolvencia regulado por la ley 1166 de 2006, porque la misma los excluye, para no vulnerar el artículo 365 de la Constitución Política en donde se establece que el Estado debe de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Entonces, se puede presumir que la transformación que se está pensando realizar es para cambiar su carácter de empresa de servicios públicos y así, de manera posterior, poderla liquidar.
A pesar de todo, la ETB es viable, si tiene una administración que priorice lo público
En los últimos años, la ETB ha sido víctima de decisiones administrativas que han debilitado deliberadamente su posición en el mercado. La tercerización de servicios, el arrendamiento de su propia red de fibra óptica a operadores privados y la eliminación de líneas de negocio como la televisión y la telefonía móvil directa han contribuido a una pérdida sostenida de clientes. Desde 2016, la empresa ha visto reducido en más del 45 % su número de usuarios y la mayor pérdida correspondió al año 2024 con una disminución del 17% con respecto al 2023, cediendo espacios estratégicos a empresas competidoras que hoy operan sobre su misma infraestructura. Estas decisiones no respondieron a una imposibilidad técnica o financiera, sino a una orientación política que debilita la vocación pública de la empresa.
Sin embargo, a pesar del proceso de debilitamiento institucional, la ETB ha logrado sostener indicadores financieros que desmienten cualquier diagnóstico terminal. En 2024 las pérdidas acumuladas se redujeron a menos de la mitad, cuando alcanzo su pico más alto en el 2018, y los ingresos operacionales se han mantenido estables, incluso en contextos de competencia intensa y sin estrategias comerciales agresivas. Este comportamiento refleja que la empresa conserva un mercado, una base de usuarios y un potencial técnico suficientes para garantizar su sostenibilidad.
Además, gran parte del déficit ha correspondido a los gastos financieros en los que se ha incurrido por el gran endeudamiento asumido por la empresa durante los últimos años y dirigido principalmente a la inversión en infraestructura (CAPEX). Infraestructura que se ha utilizado mayoritariamente para ser arrendada a los privados y no para prestar servicios de manera directa. Esta infraestructura, de mantenerse bajo control público y operarse directamente, constituiría una ventaja comparativa que pocas empresas del sector poseen si fuese usada de manera adecuada, así como puede ser usada para mejorar la calidad de la prestación de los servicios.
En conclusión, la ETB sigue siendo una empresa viable desde el punto de vista financiero y técnico. Lo que ha faltado no es capacidad, sino voluntad política para consolidarla como operador público. Con una administración orientada al fortalecimiento institucional, la recuperación de su base de usuarios y la prestación directa de servicios, la ETB puede reposicionarse como una empresa sostenible, moderna y comprometida con el interés general. La defensa de su carácter público no es un acto simbólico, sino una estrategia racional para garantizar conectividad con criterios de equidad, soberanía tecnológica y sostenibilidad fiscal.
