Desde principios de este año se ha desarrollado un agitado debate público alrededor de lo que la Alcaldía Mayor ha llamado “Guardianes del Orden”. Su objetivo, tal como fue expuesto, es fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana mediante la creación de un grupo de apoyo compuesto por civiles, incluyendo exmilitares y expolicías, que atenderán conflictos menores y situaciones de convivencia en la ciudad.
Según la Administración, el programa busca aliviar la carga de la Policía Nacional, que enfrenta un déficit de aproximadamente 12.000 efectivos en Bogotá. Se espera que los "Guardianes del Orden" complementen las labores de seguridad, especialmente en horarios y zonas donde la presencia institucional es limitada, como en las noches y fines de semana, sin embargo, se aclaró en su momento que estos gestores no estarán armados ni tendrán funciones policiales como imponer comparendos o realizar detenciones y que su labor se centrará en mediar, orientar y canalizar las necesidades de la comunidad hacia las entidades correspondientes del Distrito.
Justamente, nos dimos a la tarea de indagar en esta falta de claridad sobre el programa y lo que se evidencia es que, aunque preocupante, el proyecto de “Guardianes del Orden” no es más que una cortina de humo, otra pantomima mediática de una Alcaldía que es incapaz de articular una estrategia de seguridad sostenida y que terminará siendo otro fracaso acumulado en la gran pila de ideas de la Secretaría de Seguridad que se ejecutan por un par de meses y no arrojan resultados concretos frente a su desproporcionada inversión.
La falta de sustento jurídico y técnico
Comencemos por lo básico: siendo una acción impulsada por la Administración y, al parecer, una figura que requerirá contratar a personas para ser ejecutada, debe tener una norma que le dé soporte, un mandato contenido en una ley o un acto administrativo que deba ejecutarse mediante la acción de la Administración, de otra manera se podría estar violando el principio de legalidad que fundamenta toda la acción del Estado.
Cuando le hicimos esta pregunta a la Secretaría de Seguridad, no mencionaron un solo fundamento normativo específico, en vez de esto, elaboraron una extensa lista de fragmentos, desde la Constitución hasta el Plan de Desarrollo, terminando con una norma de este último estatuto (el Acuerdo 927 de 2024) que establece lo siguiente:
“Artículo 241. Fortalecimiento del cuerpo de gestores. La Administración Distrital fortalecerá el cuerpo de gestores encargados de abordar aspectos relacionados con convivencia, diálogo social y resolución de conflictos, considerando la vinculación de personal con experiencia en mediación, seguridad, convivencia ciudadana y otras especialidades que sean necesarias”.
Nótese que la norma habla del “fortalecimiento” del cuerpo de gestores, es decir, la redacción de este artículo solo permitiría la capacitación y aumento de contratos de los actuales gestores de convivencia o los gestores de diálogo social de la Secretaría de Gobierno, la norma no permite inventarse un nuevo cuerpo de gestores con funciones difusas. Por lo anterior, crear una nueva figura para contratar a miembros retirados de la fuerza pública no está contemplado por la normatividad vigente en Bogotá y hacerlo constituye un prevaricato.
Pero además de no tener sustento normativo, tampoco tiene sustento técnico, preguntamos si había algún estudio que soportara la necesidad de esta medida y lo único que pudo responder el Gobierno distrital es que los “Guardianes del Orden” se “inspiran” el Servicio de Serenazgo de Lima y los agentes metropolitanos de Quito, en otras palabras, no hay estudio, y tampoco habrá cómo medir si esto sirve para algo porque aunque ya hay proyecto piloto, resulta que aún no se han definido los indicadores de impacto, ¿entonces cómo van a determinar si esto sirve para algo? La única posibilidad lógica es que este anuncio sea un intento del alcalde para serenar a los sectores más reaccionarios del Concejo de Bogotá, porque de resto nada hace sentido.
Ante la falta de claridad, secretismo para cubrir el error
Aunado a lo anterior, no ha sido menor el debate en los medios de comunicación evidenciando la ausencia de información detallada sobre el funcionamiento del programa. No se ha publicado un documento oficial que defina sus objetivos, estructura, protocolos de actuación ni mecanismos de control, al punto en que el Ministerio del Interior solicitó a la Alcaldía precisiones sobre el alcance y las funciones de este grupo, advirtiendo sobre los posibles riesgos en su implementación.
Pues resulta que, contrario a lo anunciado con tanta rimbombancia por la Alcaldía Mayor, este año no se va a empezar a implementar dicho programa, este año se está realizando un piloto, en función del cual se determinarán la validez de la operación y los costos asociados a la iniciativa. O sea, la Alcaldía mintió cuando le anunció a la ciudadanía que este proyecto empezaría a operar en mayo de este año. Una vez más, la Administración lanza una cortina sin mucho sustento fáctico que no solo no mejora las condiciones de seguridad de la ciudadanía de a pie: es que no genera impacto alguno. Hasta el momento no se tiene ninguna noticia de dónde o en qué manera estaría operando este “proyecto piloto”.
Pero también les miente el alcalde a sus aliados porque al preguntarle a la Secretaría de Seguridad por el perfil exigido a las personas que integren este cuerpo, se afirma que sería el mismo que se les requiere a los gestores de convivencia, es decir, tener un título de bachiller y 19 meses de experiencia de trabajo comunitario. O sea que no se requiere haber sido miembro de la fuerza pública para hacer parte de este cuerpo o, peor, que este es un requisito que se aplicaría sin que esté normativamente previsto.
Así, esto sería incoherente con el argumento galanista que afirma que se contrataría a quienes hayan estado en la fuerza pública por su “experiencia en seguridad”, pero esa experiencia, no va a ser requerida. En todo caso nos apartamos de este razonamiento simplista, saber usar la fuerza es todo lo contrario a saber resolver conflictos, se necesitan personas con experiencia en dialogar, no en agredir.
Un aumento burocrático sin funciones
Por último, queda la cuestión de las funciones que asumirían estas personas -aún no se sabe si serán contratistas o qué tipo de vinculación tendrían-, tal como lo ha dejado claro la administración desde que hizo este anuncio y así se confirma en las respuestas que nos envían, los “Guardianes del Orden” no tendrán funciones de ninguna autoridad de policía, por lo que, entre otras cosas, no podrían ejercer funciones de policía judicial o investigativa, no podrían imponer comparendos, no harán uso de la fuerza, no irán armados ni tampoco pueden hacer detenciones, requisas o adelantar intervenciones de ninguna naturaleza.
Según la Administración, es un grupo de personas que actuarán como un puente, como mediadores para articular la oferta institucional en cuanto a la “revitalización y apropiación del espacio público, la confianza ciudadana, la identificación temprana de riesgos y dinámicas disruptivas y la dinamización de la respuesta institucional frente a factores críticos en condiciones situacionales urbanas”. Es decir, le vamos a pagar a un grupo de personas para que se dedique a recorrer las calles y, frente a lo que ellos consideren peligroso, llamen a las autoridades correspondientes.
No solo se avizora una gasto innecesario e inefectivo de recursos públicos sin base normativa alguna sino que, además, es un riesgo altísimo de que se presenten situaciones de discriminación puesto que serán estas personas, acostumbradas a “derrotar a un enemigo”, las que determinen qué situaciones merecen acción de las autoridades, sin contar con la posibilidad de que, ante la falta de funciones, empiecen a presentarse casos de extralimitación o abuso de autoridad, frente a lo cual es bueno advertir que la Administración no prevé ningún tipo especial de vigilancia “si alguien tiene quejas, debe enviar un derecho de petición” fue lo que nos respondieron.
En suma, el programa “Guardianes del Orden” representa una peligrosa combinación de improvisación administrativa, vacío normativo y narrativa engañosa. Bajo el pretexto de fortalecer la seguridad y la convivencia en Bogotá, la Administración de Galán ha promovido una figura difusa, sin sustento jurídico claro, sin funciones definidas, sin protocolos de control eficaces y, además, sin resultados verificables. Lejos de constituir una solución estructural frente a los problemas de seguridad de la ciudad, esta iniciativa reproduce la lógica de anuncios vacíos que priorizan el impacto mediático sobre la planeación responsable.
El riesgo de que esta figura se convierta en un vehículo para la tercerización de la autoridad, la criminalización selectiva y la instrumentalización política no puede ser ignorado. Sin formación especializada, sin control institucional robusto y sin mecanismos reales de evaluación, los llamados “Guardianes” podrían terminar siendo una carga presupuestal sin efectos reales sobre la seguridad, o peor aún, una amenaza velada a los derechos ciudadanos en el espacio público.
