La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó el inicio de la recolección de firmas de un comité ciudadano que busca impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. La decisión, reportada el 30 de enero de 2026, es un filtro de arranque: lo que defina el futuro del proceso será la validación de apoyos, el trámite en el Congreso y los controles judiciales.
Firmas: el primer cuello de botella
Con el aval, el comité puede recolectar apoyos por hasta seis meses. En la discusión pública se ha citado como referencia el 5 % del censo electoral, una cifra cercana a 2,05 millones de firmas. Los promotores han planteado metas mayores para compensar formularios inválidos o duplicados.
La diferencia es simple: recolectar no es lo mismo que contar. Al cierre, la Registraduría revisa, depura y certifica si se alcanzó el umbral. Si no lo certifica, la ruta se queda ahí.
Congreso: qué tendría que aprobarse
Si las firmas quedan certificadas, el siguiente paso es político: radicar una ley de convocatoria en el Congreso de la República. Esa ley debe fijar las reglas básicas: alcance temático, tiempo de funcionamiento, composición y mecanismo de elección.
En el debate jurídico se repite un punto: la recolección de firmas no reemplaza al Congreso. El orden previsto en el artículo 376 apunta a que primero se define la convocatoria en el Legislativo y después se somete a voto.
Corte Constitucional: el segundo filtro
Incluso con ley aprobada, el trámite se somete a revisión de la Corte Constitucional. La Corte evalúa si se respetaron las reglas de reforma constitucional y el procedimiento legislativo. En la práctica, puede avalar, condicionar o dejar sin efectos la convocatoria.
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Urnas: el umbral más exigente
Si supera Congreso y Corte, llega la votación. Se ha recordado que la convocatoria se entiende aprobada cuando al menos una tercera parte del censo electoral vota afirmativamente, un umbral que, en cálculos públicos, ronda los 13 millones de votos por el Sí.
Si ese listón se supera, la elección de integrantes de la Asamblea debería hacerse entre dos y seis meses después. Durante el periodo que se establezca, se suspende la facultad ordinaria del Congreso de reformar la Constitución por el término señalado.
¿Qué se juega hacia 2026?
El proceso depende de una cadena de filtros: firmas válidas, mayorías en el Congreso, una ley que resista el control constitucional y una votación con umbral alto. En lo político, el presidente Gustavo Petro y el ministro Antonio Sanguino han dicho que el tema se llevaría al nuevo Congreso y, según versiones de prensa, se movería alrededor del 20 de julio, cuando inicia la nueva legislatura.
