Pam Bondi llegó al centro del poder judicial de Estados Unidos con una hoja de vida conocida y una lealtad política clara. Exfiscal general de Florida y aliada histórica de Donald Trump, su nombre volvió a ocupar titulares no solo por su cargo, sino por la manera en que ha manejado uno de los expedientes más sensibles del sistema judicial estadounidense, el caso Jeffrey Epstein.
Conviene ser precisos. Bondi no investigó ni procesó a Epstein. Cuando el magnate fue arrestado en 2019 y, posteriormente, murió en prisión, ella no tenía un rol directo en el caso. Su responsabilidad aparece después, cuando desde el Departamento de Justicia le corresponde administrar, revisar y decidir qué se publica, y cómo se publica, del voluminoso archivo federal sobre Epstein.
Y ahí empieza el verdadero problema.
Bajo su gestión, el gobierno prometió transparencia. Se habló de archivos, de documentos e incluso de una supuesta “lista” que durante años alimentó teorías, sospechas y expectativas públicas. Sin embargo, lo que se conoció fue otra cosa. Documentos parcialmente revelados, nombres tachados, información sensible expuesta y luego retirada, y una sensación general de que el Estado volvió a fallarles a las víctimas mientras protegía a terceros.
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Las críticas no vinieron solo de la oposición política. Sobrevivientes del abuso y organizaciones civiles cuestionaron que se publicaran datos personales sin el debido cuidado, mientras figuras poderosas mencionadas en los archivos permanecían en la sombra, amparadas por redacciones extensas y criterios poco claros. El mensaje fue contradictorio. Se habló de transparencia, pero se administró el silencio.
Bondi defendió su actuación con un argumento clásico del poder institucional. Dijo que debía cumplir la ley, proteger procesos en curso y evitar daños colaterales. Pero cuando compareció ante el Congreso, su tono fue más político que judicial. No ofreció disculpas directas a las víctimas y cerró filas frente a los cuestionamientos, reforzando la percepción de que el caso Epstein sigue siendo menos un asunto de justicia y más un campo de batalla política.
El episodio de la supuesta “lista de clientes” terminó de erosionar la confianza. Durante años se insinuó su existencia; después, el propio Departamento de Justicia reconoció que no hay un documento formal con ese contenido, sino expedientes fragmentados, testimonios y registros de investigación. Otra promesa que se diluye. Otro vacío que alimenta la desconfianza.
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El caso Epstein se convirtió, así, en un espejo incómodo del poder. Todos dicen querer la verdad, pero pocos parecen dispuestos a asumir su costo. Pam Bondi quedó en el centro de esa tensión, no como la autora del crimen ni como la investigadora original, sino como la funcionaria que decidió qué parte de la verdad podía ver el público y cuál debía seguir enterrada.
Más que un expediente cerrado, Epstein sigue siendo una herida abierta. Y, en esa herida, la figura de Pam Bondi representa algo más amplio: la del Estado administrando el daño, midiendo el silencio y calculando hasta dónde se puede llegar sin romper el equilibrio del poder.
