Efraín Quesada Urrego, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, murió este jueves 6 de agosto tras ser atacado a tiros cuando se dirigía en motocicleta hacia la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander.
El ataque ocurrió durante la mañana en el sector de la finca Los Naranjos, sobre una vía destapada situada aproximadamente a 600 metros de la entrada principal del establecimiento penitenciario.
Hombres armados lo interceptaron cuando iba a trabajar
De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron al funcionario cuando se dirigía a cumplir su turno. Los atacantes le dispararon en varias oportunidades y huyeron del lugar.
Compañeros del Inpec que se encontraban cerca auxiliaron a Quesada Urrego, de 54 años, quien fue trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, en Floridablanca. Aunque fue sometido a una intervención quirúrgica, falleció debido a la gravedad de las heridas.
Según reportes preliminares, el funcionario recibió impactos de bala en el hombro, el tórax y el abdomen. Su muerte causó consternación entre sus compañeros y trabajadores del sistema penitenciario.
Autoridades investigan los móviles del crimen
Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizaron la inspección del lugar y recolectaron elementos que permitan identificar a los responsables y establecer los móviles del ataque.
Hasta el momento no se ha confirmado qué organización estaría detrás del crimen ni si el funcionario había recibido amenazas. Las autoridades mantienen abiertas diferentes líneas de investigación.
Antecedentes de amenazas en Palogordo
El homicidio ocurrió menos de un mes después del hallazgo de una granada de fragmentación y un panfleto amenazante cerca de la cárcel de Palogordo. El mensaje estaba dirigido contra funcionarios del Inpec y exigía el traslado de integrantes de una estructura criminal.
Los investigadores buscan determinar si ese antecedente tiene alguna relación con el asesinato de Quesada Urrego. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado una conexión entre los dos hechos.
El defensor de los derechos carcelarios en Santander, Hernando Mantilla Medina, lamentó el crimen y pidió mayores garantías de seguridad para los funcionarios penitenciarios, quienes, según denunció, permanecen expuestos a amenazas y ataques de organizaciones criminales.
