La tarde del 21 de agosto de 2025, Cali vivió una de sus jornadas más dolorosas en los últimos años. Dos fuertes explosiones detonaron en el sector aledaño a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de la ciudad, sembrando pánico entre los habitantes y dejando un saldo preliminar de seis personas muertas, entre ellas una mujer embarazada, y más de 70 heridas.
Los estallidos se registraron sobre las 2:50 p.m., en plena hora de alto tránsito, lo que aumentó el nivel de afectación. Videos difundidos en redes sociales mostraron a ciudadanos corriendo en medio del humo y clamando por ayuda, mientras ambulancias y organismos de socorro llegaban al sitio.
La Alcaldía de Cali activó de inmediato todos los protocolos de emergencia y anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de respuesta. La Cruz Roja desplegó equipos de atención y la Secretaría de Movilidad realizó cierres y desvíos para facilitar el paso de los vehículos de socorro.
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“Un atentado terrorista contra la población civil”
Horas más tarde, el ministro de Defensa, acompañado por el alcalde, Alejandro Éder, llegó al lugar de los hechos y calificó lo ocurrido como “un ataque terrorista despiadado contra la población civil, los caleños y el pueblo colombiano”.
El alto funcionario confirmó que las explosiones fueron perpetradas con vehículos cargados de explosivos por la estructura narcocriminal Jaime Martínez, disidencia vinculada al cartel de alias Mordisco. Según explicó, el atentado respondería a la presión militar que en los últimos días ha debilitado sus corredores de movilidad en Cauca y Valle del Cauca.
“Hace apenas dos días nuestras Fuerzas Militares ingresaron al cañón del Micay, donde incautaron y destruyeron uno de los arsenales más grandes de la última década. Estos golpes han generado desesperación en las disidencias, que reaccionaron atacando a la población civil”, señaló.
El ministro también reveló que el presidente de la República ordenó reforzar las operaciones en el sur del Valle y el norte del Cauca, así como intensificar la ofensiva en Jamundí a través de nuevos consejos de seguridad.
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Recompensas contra cabecillas
En su pronunciamiento, el Gobierno anunció millonarias recompensas por información que permita dar con los responsables:
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Alias Marlon, jefe de la estructura Jaime Martínez: hasta $3.284 millones.
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Alias Kevin, señalado de reclutar menores: hasta $1.641 millones.
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Alias Mordisco, principal cabecilla: hasta $4.450 millones.
El ministro reiteró que el país no se doblegará frente a estos actos violentos y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. “Aunque sintamos dolor e incertidumbre, no vamos a ceder. Cali y el Valle no están solos”, aseguró.
