Un camión bomba explotó frente a la base aérea Marco Fidel Suárez. Otro, cargado de explosivos, fue desactivado. Seis muertos, más de cincuenta heridos y una ciudad en ruinas. El mensaje es claro: la guerra sigue viva y el Estado está distraído.
El presidente Petro reaccionó con discursos, señalando a las disidencias de las FARC. Pero el país no escucha justificaciones, escucha estallidos. Porque mientras el Gobierno concentra su energía en estrategias electorales, cálculos de poder y consultas políticas, la seguridad quedó abandonada a su suerte.
¿De qué sirve hablar de paz total si la realidad es miedo total? ¿De qué sirve la retórica de un Estado fuerte, si un furgón lleno de explosivos puede estacionarse frente a una base militar y hacerla volar?
La verdad incómoda es esta: Cali no fue sorprendida solo por el terrorismo, fue sorprendida por el descuido de un Gobierno que prioriza ganar elecciones sobre proteger la vida de los ciudadanos.
Las recompensas se anuncian, los consejos de seguridad se improvisan, las explicaciones se repiten. Pero el costo lo pagan los colombianos de a pie, que entienden que en esta agenda de poder, su seguridad no está en la primera página.
