Javier Ordóñez murió tras recibir varias descargas eléctricas con un ‘taser’ por parte de dos miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. Su fallecimiento ha generado indignación y dolor en el país, pues los ciudadanos no se explican cómo es posible que quienes tienen el deber de salvaguardar la vida terminen acabando con ella.
Las súplicas de este abogado de 44 años no fueron suficientes. En el video, que fue compartido en redes sociales, se evidencia el momento en el que el hombre sometido ruega porque paren de hacerle daño con el aparato eléctrico pero, a pesar de que dijo varias veces “por favor”, los uniformados continuaron con su acción.
Su cuerpo no aguantó. Horas más tarde del operativo, que se realizó en la localidad de Engativá, Javier Ordóñez murió. Dejó dos hijos de 15 y 11 años. Su familia ha asegurado a diferentes medios de comunicación que él no se merecía ese trato por parte de los policías, que el hecho de que haya bebido alcohol no justifica haber sido víctima de abuso policial.
La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que los dos uniformados involucrados en la muerte del abogado Javier Ordóñez fueron suspendidos. La Fiscalía, por su parte, priorizó el caso y designó un equipo de funcionarios para que se inicien los actos urgentes y así se puedan esclarecer los hechos.
Este indignante caso recordó otros hechos dolorosos que involucran a las autoridades, como la muerte del joven Dilan Cruz, quien fue herido por un agente del Esmad en medio de las manifestaciones de noviembre de 2019.
¿Cuáles podrían ser las sanciones?
El abogado Augusto Ocampo mencionó a KienyKe.com que este caso corresponde a una evidente violación de los derechos humanos que, incluso, podría tipificar como tortura además de homicidio agravado.
Según dijo, urge una reingeniería de la institución policial. “Este tipo de actos se ha convertido en algo sistemático que nos obliga como sociedad a forzar un cambio en la Policía Nacional. Este tipo de actos no tienen ninguna relación con el servicio policial. La investigación es competencia de la justicia ordinaria, que no nos vayan a decir que la autoridad encargada del caso será la Penal Militar”, señaló.
Y cuestionó: “¿Cómo es posible que a estas alturas se presenten este tipo de actos?, ¿Quiénes están detrás de la formación de los uniformados?, ¿Qué pasa con la obligada instrucción sobre el respeto de los derechos humanos? Los canallas con uniforme merecen todo el peso de la ley”.
El abogado Juan Camilo Sanclemente, por su parte, explicó que los dos miembros de la Policía Nacional podrían enfrentar dos procesos: uno disciplinario y otro penal por el delito de homicidio.
“La sanción a los policías se deriva de un proceso disciplinario que se les debe adelantar, el cual terminaría con la expulsión de la institución fuera de las sanciones para contratar con el Estado. Además, la familia de la víctima puede iniciar un proceso de reparación directa por el exceso de fuerza que le causó la muerte a Javier Ordóñez”, afirmó.
Sanclemente indicó que la suspensión se realiza provisionalmente mientras se adelanta la investigación para determinar si, efectivamente, existió o no abuso policial.
“Con el video se evidencia que sí hubo exceso de fuerza, pues fueron ocho descargas eléctricas que recibió el ciudadano y que ocasionaron la muerte. La Fiscalía debe iniciar las acciones legales pertinentes para establecer la responsabilidad de los dos policías, y se podrían enfrentar a una condena por homicidio”, finalizó.
