El nuevo giro en el caso del expresidente Álvaro Uribe investigado por presunta manipulación de testigos se dio recientemente cuando la Corte Suprema de Justicia, quien lo investigaba, decidió trasladar su expediente a la Fiscalía General luego de que el exmandatario renunciara a su curul en el Senado.
La Corte explicó que la decisión fue unánime y resolvieron que era necesario remitir la investigación por tratarse de delitos comunes (soborno y fraude procesal) y por no encontrarse un vínculo entre los hechos y la actividad como legislador.
Con este nuevo panorama la defensa de Uribe se jugará nuevas cartas para lograr la libertad del líder político pero también su absolución por los delitos que se le acusan.
En un comunicado, Jaime Granados, abogado del expresidente, pidió su libertad inmediata basándose en la Ley 600 del 2000 que dicta: "Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad".
"Lo primero que debemos advertir es que al ser dispuesta, por competencia, la remisión de la actuación a su despacho (Fiscalía), lo primero que debe hacerse es ordenar darle trámite a la misma al tenor de lo dispuesto en la ley 906 de 2004, pues, no existe ningún soporte normativo que permita continuar la actuación bajo la égida de la ley 600 de 2000", señala la defensa.
Así mismo, explica que son varias las razones por las cuales, la nueva realidad procesal, impone que la privación de la libertad no pueda seguir teniendo validez, en el marco de un proceso de ley 906 de 2004.
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Por lo que realizan la petición a la Fiscalía General para que disponga de la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez.
Expertos opinan si Álvaro Uribe debe quedar en libertad
Respecto a la pregunta de si Álvaro Uribe quedará en libertad, el abogado Oscar Sierra Fajardo señaló a KienyKe.com que, por el momento, el expresidente deberá seguir en detención domiciliaria, pero que se abre el camino para que la defensa eleve la solicitud de que se le cambie la medida a una no privativa de la libertad o que se le revoque mientras avanza la investigación.
"Es probable que la defensa eleve una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que actualmente pesa en su contra y con bastante posibilidad acceder a ella ante un juez de control de garantías, ya que en este caso no se acreditaron los fines constitucionales de la medida y no se privilegió la regla general que es la libertad", mencionó.
El también penalista Rubén Darío Acosta indicó que la libertad para Álvaro Uribe no sería inmediata y que, en todo caso, la decisión la tomaría un juez si esta es solicitada por la defensa.
"Una vez se conozca la decisión se establecerá si se continua con el mismo procedimiento de Ley 600 lo cual no daría lugar a ninguna nulidad y se continuaría con el curso normal del proceso, esto es, que el exsenador seguiría por ahora privado de la libertad en su hacienda El Ubérrimo", afirmó.
La abogada Laura Kamila Toro mencionó que, tras la decisión de la Corte Suprema, se avecina un fuerte debate jurídico: si el proceso efectivamente continuará bajo las reglas de juego de la Ley 600 o, por el contrario, continuará bajo los parámetros de la Ley 906 (Sistema Penal Acusatorio).
"La defensa del exsenador Álvaro Uribe estaría más inclinada porque el proceso sea llevado por Ley 906 debido a que es más garantista y no existen cuadernos reservados, como sí pasa en la Ley 600, donde había mucha prueba que la defensa no pudo debatir", finalizó.
